Porlamar.- A través de un comunicado, la familia Mier expresa su rechazo e indignación por la “aberración jurídica” que está cometiendo el Tribunal 3º de Control del estado Nueva Esparta, que otorgó medida cautelar sustitutiva de libertad para Marcelo José Prado del Carpio (39), por su presunta responsabilidad en la muerte del historiador Jorge Mier Hoffman (62), ocurrida el 17 de julio de 2015, en la salida del Centro Comercial Costa Azul, en la isla de Margarita.
La instancia judicial no acogió la solicitud efectuada por el fiscal 5º de esa jurisdicción, Robert Mendoza, quien imputó al hombre por los delitos de sicariato y asociación para delinquir, tipificados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Adicionalmente, el representante del Ministerio Público había solicitado la privativa de libertad contra Prado del Carpio, sin embargo dicha instancia judicial cambió a precalificación de sicariato por homicidio calificado y desestimó el delito de asociación y, a su vez, otorgó medida cautelar consistente en arresto domiciliario.
Por tal motivo, el fiscal apeló dicha decisión y solicitó la aplicación del efecto suspensivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por ello, Jorge Mier Medina, hijo del historiador comentó que “es inconcebible que se le pueda otorgar una medida cautelar sustitutiva de libertad a Marcelo José Prado del Carpio, quien para la presente fecha se mantenía en fuga y solicitado por el Ministerio Público y el organismo internacional Interpol bajo el código de Alerta Roja por los delitos de sicariato y asociación para delinquir, tipificados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Por lo tanto, es incomprensible y a su vez indignante que un funcionario público que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, forme parte del grupo de sinvergüenzas y corruptos que muchas veces manchan nuestras instituciones, y que por el simple hecho de tener la investidura de juez, puede atropellar los derechos de una familia que exige justicia por la muerte de su ser amado”.
Sentenció además, que “sus manos doctor Morillo estarán manchadas de la sangre de mi padre, porque usted está colaborando a que uno de sus asesinos quede impune ante este crimen”.
A su vez, pidió al Presidente de la República y al presidente del TSJ Maikel José Moreno Pérez, a que se pronuncien y tomen acción inmediata ante esta “aberración jurídica” que el Dr. Roberto Morillo (juez 3° de Control de Nueva Esparta), está cometiendo con esta decisión, que atentan contra la institucionalidad y los derechos de todas aquellas victimas que confían e imploran justicia ante este organismo.
No obstante, también comentó el hijo del historiador, que de no ser favorable la apelación que el fiscal está accionando, recurrirían ante todas las instancias legales que sean necesarias en contra del sujeto señalado por el homicidio y otros implicados en la muerte de su padre.
Cabe destacar que por este mismo caso fue condenado a 20 años de prisión Luis Guillermo Portillo Fermín, por los delitos de sicariato en perjuicio del historiador, homicidio intencional calificado con premeditación y alevosía en grado de frustración en detrimento de su nieta, y asociación.
El día del crimen, el historiador conducía su vehículo marca Nissan, acompañado por su esposa y nieta, cuando fue interceptado por Portillo Fermín y Mujica a la salida del centro comercial ubicado en el municipio Maneiro.
Los victimarios dispararon contra Mier, quien murió a los pocos minutos, mientras que su nieta resultó herida.
Al momento de escapar del lugar, los hombres se enfrentaron a funcionarios de la Policía Municipal de Maneiro. En el hecho, Portillo Fermín fue aprehendido y su compañero resultó muerto.
Prado del Carpio quien se encontraba fuera del país, fue entregado por el Servicio de Inmigración y Aduana del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos a la Organización Internacional de Policía Criminal de Venezuela (Interpol), que notificaron de manera inmediata al Ministerio Público. El Universal
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