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Servicio de Contrataciones reduce acceso a datos de contratistas del Estado en Venezuela

¿Qué se esconde tras la decisión del Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) de reducir al mínimo la información pública de las compañías inscritas en el Registro Nacional de Contrataciones? Antes podíamos ver la dirección, número declarado de trabajadores, fecha de constitución, accionistas y directivos, experiencia y referencias entre otros datos en favor de la transparencia y la investigación.

Vean ustedes mismos las diferencias.

nuevornc

Ahora

viejornc

Antes

Gran parte de los logros de investigadores y periodistas militantes de la Revolución develando la ofensiva económica y la conspiración golpista contra nuestro pueblo y gobierno ha sido posible al usar esa fuente de información. LaTabla, Misión Verdad, Ciudad Ccs, Cuatro F y otros sitios están llenos de ejemplos de ese esfuerzo.

Y pudiéramos hacer mucho más si tuvieramos disponibles la data de divisas adjudicadas por Cadivi en 2013, y por Cencoex desde agosto de 2014 hasta la fecha. O sí el módulo de comercio exterior del INE contuviera información de las importaciones de los últimos años. Una combinación de ambas fuentes habría permitido parar a tiempo la caotización de la distribución y la apropiación de las escasas divisas por parte de los golpistas económicos en los años del gobierno de Nicolás Maduro.

Incluso muchos de esos datos del Registro de Contratistas fueron sumamente útiles para identificar las conexiones de los financistas de la violencia terrorista y la participación de empresarios directamente en tales acciones entre abril y julio pasados.

El argumento que se habría utilizado es el de la inseguridad: los datos son usados para secuestrar y extorsionar. Eso justifica que el ciudadano no pueda saber directamente de quien es la compañía que trajó el arroz vendido a tasa dólar Today por Central Madeirense, por ejemplo. Y agregan que los organismos contratantes sí pueden ver la información y con eso es suficiente.

Es decir, ¿para que carajo dejar que la veamos nosotros como extorsionadores en potencia?

La paradoja es que por principio la información, no sólo de los contratistas del Estado sino de las empresas es pública: el concepto de registro de propiedad inmobiliaria o mercantil parte de su carácter esencialmente público. Es lo que garantiza el propio derecho de propiedad.

Sin embargo el mecanismo de acumulación originaria de capital y el proceso de monopolización del mismo exige privacidad: para legitimar, movilizar y ocultar capitales es necesario la mayor reserva posible. De alli surgen los paraísos fiscales y la opacidad bancaria que aseguran la legalización del dinero obtenido por la corrupción, el narcotráfico y en nuestro caso concreto el fraude cambiario e importador.

Mientras en España el Estado publica el BOE y el BORME, en Europa hay datos de las compañías registradas, en EEUU podemos ver las firmas “incorporadas” y en Panamá hasta es posible ver en línea los documentos de compañias, inmuebles y aviones, en Venezuela el único recurso con datos empresariales para investigar y combatir la “guerra económica” lo esconden.

Parece que es más importante “proteger” el capital que nuestro derecho y obligación de defender esta Revolución. Igual seguimos: los datos siempre se consiguen. Sino revisen Wikileaks.



De Los Tablazos – La Tabla Aserradero de Datos

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