Al menos cuatro campesinos murieron y otros 19 resultaron heridos este jueves durante una protesta contra la erradicación de cultivos de coca en el suroeste de Colombia, en la frontera con Ecuador, según las autoridades.
El ejército y la policía culparon de la violencia a guerrilleros disidentes de las FARC, aunque una organización campesina denunció que la fuerza pública atacó a los manifestantes que se oponen a la eliminación forzosa de los sembradíos.
Los confusos hechos se produjeron en una zona rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, donde se concentra la mayor cantidad de hectáreas sembradas de coca en Colombia, el principal productor de cocaína del mundo.
"El saldo parcial es de cuatro personas civiles muertas y 14 heridas", dijeron las autoridades en un comunicado.
Sin embargo, la organización comunitaria Asominuma, presente en el lugar, señaló en un mensaje que la cifra de fallecidos asciende a nueve, y que la tragedia la desató "el proceder desmedido" de los uniformados.
De su lado, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, declaró a la AFP que los muertos "pueden ser más" que los reportados en principio por autoridades, y que sólo al hospital de Tumaco llegaron 19 heridos.
"Es un balance bastante fuerte, hay dos versiones de los hechos (...). Estamos todavía esperando" las investigaciones, indicó.
- Declaraciones no coincidentes -
La protesta estalló la semana pasada, pero recrudeció este jueves.
"Los campesinos rechazan la erradicación y, molestos con el gobierno, comenzaron a protestar. Hubo agresiones y disturbios. Los campesinos dicen que la fuerza pública los atacó. Hay muertos y varios heridos", dijo a la AFP Diana Mantilla, líder de derechos humanos en Tumaco de Asominuma, presente en el lugar.
El ejército y la policía insistieron en que las comunidades fueron obligadas a manifestarse por un grupo de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se apartó del proceso de paz, y que dirige un hombre identificado como "Guacho".
"Ya no solo llevan a la población a la supuesta protesta social forzadamente, sino que le disparan con bombas, fusiles y ametralladoras de manera indiscriminada con el objetivo de proteger la erradicación de los cultivos ilícitos", expresaron los organismos en el comunicado.
El sábado tres policías murieron en una emboscada atribuida en principio por la policía a disidentes de las FARC, la organización comunista que este año dejó las armas tras firmar un acuerdo de paz que puso fin a medio siglo de enfrentamiento.
Suscrito en noviembre de 2016, el acuerdo prevé que la otrora guerrilla colabore con los planes oficiales para la sustitución de matas ilegales que incluyen ayudas económicas para los campesinos que acepten dedicarse a otro tipo de cultivos.
- Misión de verificación -
Ante el cruce de versiones sobre lo ocurrido este jueves, la gobernación de Nariño convocó a un consejo extraordinario de seguridad para examinar la situación.
El secretario regional de gobierno, Mario Lima, indicó a la prensa que la fiscalía está al frente del caso para "determinar responsabilidades" y anunció una misión de verificación, que contaría con apoyo internacional, para acompañar la investigación.
Presionado por Estados Unidos, el gobierno de Juan Manuel Santos se propuso acabar este año con 100.000 hectáreas ilegales en una estrategia combinada de erradicación forzosa y sustitución voluntaria de plantíos.
Entre 2015 y 2016 los cultivos ilegales se dispararon en todo el país un 52% hasta sumar 146.000 hectáreas, y la producción de cocaína pasó de 646 a 866 toneladas de cocaína, según la ONU.
El gobierno relacionó el aumento de hectáreas con el proceso de paz con el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC).
Los campesinos, de acuerdo con la versión oficial, se dedicaron a cultivar coca confiados en que podrían recibir luego las ayudas del Estado pactadas dentro de los diálogos.
Asimismo, Bogotá suspendió la fumigación aérea con glifosato por considerarla nociva para la salud humana. Estados Unidos, entretanto, amenazó con descalificar a Colombia en la lucha antidrogas ante el aumento del narcotráfico.
AFP / LR
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