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EEUU empleará cualquier ley existente para combatir a la Mara Salvatrucha

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció hoy que las autoridades emplearán "cualquier ley existente" con el objetivo de desmantelar a la Mara Salvatrucha (MS-13), a la que el funcionario acusó de ser posiblemente "la más brutal" de las bandas criminales.

EEUU empleará cualquier ley existente para combatir a la Mara Salvatrucha

"Así como sacamos a (el mafioso) Al Capone de las calles con nuestras legislación fiscal, utilizaremos cualquier ley a nuestro alcance para sacar al MS-13 de nuestras calles", advirtió Sessions, quien acusó a sus pandilleros de amenazar la vida de las familias en todos los barrios "que infesta".

El fiscal general, que hoy participó en un encuentro de la Asociación Internacional de Jefes de Policía celebrado en Filadelfia (Pensilvania), anunció haber designado a esta pandilla de origen salvadoreño como una "prioridad" para una serie de grupos de trabajo especiales compuestos por diversos organismos federales.

Estos grupos de trabajo, explicó Sessions, están formados por miembros del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Agencia Antidrogas (DEA), así como por fiscales.

Pero también contarán con el apoyo de otras instituciones no directamente vinculadas al combate del crimen organizado, como Hacienda, la Secretaría de Trabajo o el Servicio Postal.

"Estamos afrontando una crisis mortal y lucrativa, en la que las drogas están matando a más americanos que nunca, en gran medida debido a poderosos cárteles y bandas internacionales (...). Tal vez la más brutal de esas plantillas sea la MS-13", dijo Sessions.

El funcionario recalcó que el objetivo final de esta medida es "desmantelar" a esta red criminal que cuenta con cerca de 40.000 miembros repartidos por todo el mundo, de los cuales se calcula que unos 10.000 se encuentran en suelo estadounidense.

La lucha contra las pandillas es una de las principales prioridades del Gobierno de Trump, que en septiembre logró que la Cámara de Representantes autorizase al Ejecutivo a deportar, detener y negar la entrada al país a quienes han sido condenados por pertenecer a una pandilla o que simplemente son sospechosos de ello. EFE

CC

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