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Enfrentamiento entre pemones y criollos propicia renuncia del alcalde de Gran Sabana

El enfrentamiento entre criollos y pemones produjo la salida del alcalde del municipio Gran Sabana, Manuel de Jesús Valles, electo por el Psuv y desde tempranas horas de la mañana está cerrada la vía hacia ese municipio.

Los pemones, al parecer reclaman el triunfo de Andrés Velásquez. Dicen que fueron robados los votos del “indio”.

Lo cierto del caso es que la inacción militar y de la Fiscalía Superior del estado Bolívar y del gobierno central ha profundizado el enfrentamiento entre pueblos que tienen más de 100 años en esos lugares, sólo que los indígenas prevalidos de su condición de pueblo originario se han convertido en una especie de grupo de azotes que cuenta con la protección militar.

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Hace tres meses, el ahora gobernador electo Justo Noguera Pietri, se movilizó al municipio por los escarceos entre pemones y criollos y  le hizo saber a Manuel de Jesús Valles, que si seguía fomentando el secesionismo en su municipio, él se ocuparía que rindiera cuentas ante la Ley.

En vista de que los indígenas mantienen cerrada la vía hacia Ikabarú y extendieron ahora el cierre hacia el municipio Gran Sabana en la troncal 10, Manuel de Jesús Valles, se desincorporó del cargo alegando  razones de salud y quedó encargado Cecilio Briceño, quien aspira a ser el candidato del chavismo para esa alcaldía.

Por cierto, electoralmente hablando, Andrés Velásquez, ganó en ese municipio y eso es lo que reclaman los indígenas, que “les robaron a su gobernador.”

Los criollos, representantes de dos consejos comunales que representan a casi 800 familias parecen hormigas recorriendo las instituciones del Estado.

Han estado en Fiscalía, en la Redi Guayana, vuelta a la Fiscalía vuelta a la Redi y las respuestas que han recibido parecen las de Condorito.

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En el estamento militar les explicaron que todo eso que denuncian amerita comprobación. Para ello deben enviar una comisión a verificar en “situ” lo que dicen.

¿Y qué dicen los criollos? Que los indígenas están armados, azotan los poblados y que cobran vacuna por dejar pasar los equipos mineros, por pasar alimentos, combustibles y aperos mineros.

Para ello presentan las facturas de esas transacciones económicas.

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En la fiscalía les dijeron sobre el armamento que que portan los indígenas que van desde R-15 en adelante que los indígenas deben defenderse de las fieras salvajes de la zona, por lo que se pregunta uno ¿Será que están en África?

-¿Cómo ha sido el movimiento de los turistas hacia esa zona?

Ha disminuido considerablemente explican los voceros. Ya casi nadie va a El Paují porque los indígenas piden un canón para permitir el paso de vehículos.

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“Además a nadie le gusta que sujetos armados, sin ser miembros de la fuerza armada nacional bolivariana, revisen el vehículo, las maletas, volteen las bolsas y se queden con lo que le gusta,” agregan.

Otro detalle interesante en la situación que se vive en el municipio Gran Sabana es que los indígenas exigen un carnet que te permite ingresar a las zonas mineras. Ellos dan el carnet y cuando no hay carnet, entonces te otorgan un salvoconducto pero tanto el carnet como el salvoconducto tienen que ser cancelado.

De acuerdo al censo minero, son por lo menos 700 equipos grandes y cerca de 200 a 300 pequeños. Cada equipo grande para pasar por la vía para ingresar a las zonas mineras debe cancelar 60 gramas mensuales y los pequeños 30 gramas, lo que puede significar al mes un poco más de cinco kilos en oro que se le paga a la comunidad indígena que prevalida de su condición de pueblo originario ha instalado una especie de alcabala.

Esa realidad es al parecer ignorada por los militares que se mueven con prontitud hacia esos predios cuando los indígenas denuncian algún atropello por parte de los criollos, cosa que no sucede cuando son los criollos los que denuncian, acotan los vecinos.

La última acusación contra los criollos fue que 70 “delincuentes” habían secuestrado a unos indígenas. Bueno, de esos 70 “delincuentes”, 47 ó 48 eran vecinos del pueblo de Ikabarú, quienes ya fueron liberados, pero que fueron detenidos por los militares al recibir la queja de los indígenas.

Esta acusación y movilización militar se produjo luego que los criollos denunciaran que el paso hacia la zona minera estaba cerrada porque los indígenas al parecer aspiran aumentar el canón de circulación que cobran, para no llamarlo vacuna.

Tres helicópteros artillados llegaron al lugar y se llevaron a los 70 “delincuentes” de los que 47 ó 48 eran residentes de Ikabarú a los que tuvieron que liberar luego que se comprobara que no tenían antecedentes.

Lo cierto del caso es que la situación en el estado Bolívar en frontera con Brasil está cada vez peor. / Carmen Carrillo

 




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