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ONG Un Mundo Sin Mordaza pide justicia para los estudiantes de la UPEL

Desde Un Mundo Sin Mordaza denunciamos y condenamos la violación al debido proceso y del derecho a la salud e integridad personal de los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), en especial los casos de Boris Quiñónez, Kenny Colmenares, Mitchell Sosa, Alex González y Brigitte Herrada, quienes han sido víctimas de la injusticia y la arbitrariedad desde el pasado mes de julio.

Los estudiantes fueron aprehendidos el 4 de julio en la sede de Maracay de la UPEL, cuando funcionarios de seguridad vestidos de negro, encapuchados y fuertemente armados ingresaron a la institución, violando así la autonomía de la universidad. Las instalaciones de esta casa de estudio superiores habrían sido violentadas por cuerpos de seguridad del Estado en días anteriores.

Luego de ser presentados ante un tribunal militar, el cual dicta la medida de privativa de libertad, los estudiantes fueron trasladados al centro penitenciario de Oriente, comúnmente conocido como El Dorado, una cárcel de máxima seguridad que se encuentra cerca de la frontera con Guyana. Durante su reclusión, los estudiantes convivieron con presos comunes y sufrieron de graves problemas de salud.

Los estudiantes no pudieron tener una audiencia preliminar sino hasta el día 27 de septiembre, más de tres meses después de su detención. En ella, la Juez de la causa les otorgó una medida de libertad condicional a los 27 jóvenes. Sin embargo, el dictamen no fue acatado por la Policía de Aragua y, posteriormente, se dio a conocer que el caso había sido designado al Tribunal 9º de Control, el cual dictó privativa de libertad para 5 de los 27 involucrados.

En nuestro afán por defender y promover los Derechos Humanos, Un Mundo Sin Mordaza exige justicia para Boris Quiñónez, Kenny Colmenares, Mitchell Sosa, Alex González y Brigitte Herrada y para el resto de los estudiantes de la UPEL, pues fueron detenidos de manera arbitraria, el caso ha sido llevado de manera irregular y sin respetar el debido proceso de cada uno de los involucrados, y su salud y dignidad han sido violentadas por parte del sistema judicial y los cuerpos de seguridad del Estado. NP

LR

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