El Tribunal Constitucional de Sudáfrica ordenó al Parlamento que redacte reglas que regulen la posible destitución del presidente Jacob Zuma al considerar que no consiguió que rindiera cuentas por la ampliación de su residencia privada con dinero público.
El Tribunal indicó que el Parlamento sudafricano no fue capaz de determinar si el presidente había violado el artículo 89 de la Constitución con sus actos y, por lo tanto, no consiguió establecer unas reglas que regulasen la destitución del presidente.
El artículo 89 de la Constitución Sudafricana establece la posibilidad de iniciar este trámite -sometido a votación- cuando hay un incumplimiento "grave" de la Constitución o de la ley.
La petición fue hecha el pasado septiembre por varios partidos de la oposición, al entender que la presidenta del Parlamento, Baleka Mbete, a raíz de una sentencia que acusaba al presidente de no haber respetado la Constitución, debió haber creado una comisión para iniciar el proceso de destitución.
Los partidos de la oposición que promovieron esta nueva acción contra el presidente consideran que, tras este fallo, debería haberse tomado alguna medida parlamentaria contra el presidente.
Sin embargo, la Justicia consideró que no es cierto que no se haya tomado ninguna medida debido a que se han planteado varias mociones de censura y sesiones de control relativas a los escándalos de corrupción que rodean a Zuma, de las que el presidente ha salido victorioso.
La decisión se tomó por voto mayoritario de los jueces pero no por unanimidad, ya que el presidente del Tribunal, Mogoeng Mogoeng, mostró su desacuerdo al considerar que la sentencia viola la separación de poderes.
Por último, el Tribunal ordena a Zuma pagar los costes del proceso judicial.
El partido de Zuma, el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), indicó que su Comité Ejecutivo Nacional "estudiará la sentencia y debatirá sobre sus implicaciones" en su siguiente reunión, que se celebrará el próximo 10 de enero.
En 2014, la defensora del Pueblo, Thuli Madonsela, denunció que Zuma había utilizado dinero público en la costosa reforma de su residencia privada en la localidad de Nkandla, obras que el presidente trató de justificar como necesidades de seguridad.
Entre las obras de ampliación por supuesto incremento de las medidas de seguridad figura un anfiteatro, una piscina y un establo para vacas, por lo que la defensora del pueblo le pidió que devolviera parte del importe a las arcas públicas.
Zuma, de 75 años, ignoró esta petición y, en marzo de 2016, el propio Tribunal Constitucional le ordenó devolver medio millón de euros en una sentencia que le acusaba de no haber respetado la Constitución.
La decisión del Tribunal se produce una semana después de que Zuma apelara una orden judicial que obligaba al Estado a crear una comisión de investigación sobre posibles irregularidades en la concesión de contratos para beneficiar a una familia de empresarios afines.
Además, en octubre pasado, el Tribunal Supremo de Apelación (TSA) rechazó la apelación del presidente contra la reinstauración de 783 cargos por corrupción que le habían sido retirados en 2009.
El presidente se encuentra en la fase final de su mandato, que finalizará tras las elecciones de 2019, a las que el CNA presentará como candidato al actual vicepresidente Cyril Ramaphosa.
EFE
Por Informe21 / MMJ
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