Pronunciamiento del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar ante la inconstitucionalidad, ilegitimidad e ilegalidad del Decreto 2.830 del 23 de mayo de 2017 en el que se establecen las “Bases Comiciales y Territoriales” que regirán el proceso para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y rechazo categórico de la Resolución del CNU del 30 de mayo de 2017.
El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, reunido en sesión extraordinaria el día 14 de junio de 2017, acordó repudiar la usurpación de la soberanía popular por parte del Presidente de la República al convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin haber consultado al pueblo mediante sufragio universal, directo y secreto; denunciar públicamente la inconstitucionalidad, ilegitimidad e ilegalidad del Decreto 2.830 del 23 de mayo de 2017 en el que se establecen las “Bases Comiciales y Territoriales” que regirán el proceso para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Igualmente, acordó rechazar categóricamente la Resolución del CNU del 30 de mayo de 2017.
El Presidente de la República vulnera el derecho del pueblo soberano al no convocar la Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo a como está establecido en el orden constitucional. El artículo 5 de la Constitución Nacional vigente expresa claramente que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio. Así mismo, el artículo 347 indica que el pueblo de Venezuela es el único ente depositario del poder constituyente originario. El artículo 348 expresa explícitamente que el Poder Ejecutivo tiene únicamente la atribución de promover la Asamblea Nacional Constituyente, al igual que la tiene la Asamblea Nacional, los Concejos Municipales y el 15% de los electores inscritos en el Registro electoral, mientras que la Convocatoria le corresponde exclusivamente al pueblo soberano, por lo cual solo puede hacerse efectiva mediante un Referéndum libre, universal, directo y secreto, como lo establece la misma Constitución en su artículo 63. Una Asamblea Nacional Constituyente, cualquiera sea la procedencia de su iniciativa, requiere que tanto su convocatoria como las bases comiciales que lo regirían, sean autorizadas en un referéndum por el pueblo soberano en un ambiente adecuado de reflexión.
Ni los Decretos que ordenan la Convocatoria a una Asamblea Constituyente, ni el Decreto que describe sus Bases
Comiciales y Territoriales, incluyen un referéndum consultivo al pueblo soberano, único medio a través del que es posible tanto activar la Convocatoria como aprobar las bases comiciales para su realización.
Específicamente, el Decreto 2.830 dispone que los integrantes de esta Asamblea sean elegidos únicamente en los ámbitos territoriales y sectoriales, desconociendo con ello el principio básico de igualdad ante la ley de toda la población electoral para elegir y ser elegida, y estableciéndose sobre una inaceptable fórmula de discriminación. Esta disposición vulnera los valores superiores del ordenamiento jurídico nacional, transgrede los principios de la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. En este sentido, las bases comiciales establecen un sistema corporativista y sectorial que contraviene los principios de las votaciones libres, universales y directas, así como la personalización del sufragio y la representación proporcional. En definitiva, las bases comiciales y territoriales son violatorias de los fundamentos más elementales que definen un Estado Constitucional Democrático.
Así mismo, el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar repudia absolutamente la Resolución del CNU del 30 de mayo de 2017, en la que se afirma que las Universidades venezolanas por “unanimidad” apoyan esta convocatoria a una Asamblea Constituyente elaborada unilateralmente por el Ejecutivo, y en la que se solicita al Poder Moral investigar a las Autoridades Universitarias agrupadas en AVERU, por considerar que dicho documento es fraudulento en su contenido e intención ya que, por una parte, desconoce expresamente la opinión de gran parte de la comunidad universitaria nacional y, por la otra, acusa a las Universidades agrupadas en AVERU de servir de “plataforma golpista” y de incitar a la violencia.
En este sentido, ratificamos que las Universidades Autónomas y Privadas agrupadas en AVERU han manifestado públicamente su desacuerdo con esta Convocatoria a una Asamblea Constituyente en distintas ocasiones y espacios.
Las Universidades han sido siempre, y seguirán siendo, un lugar para el diálogo y el discernimiento, para la búsqueda de la verdad y del conocimiento, para la reflexión, en el que se da plena cabida al disentimiento, la discrepancia de opinión y las diferencias en términos de visión de mundo y perspectiva, en un ambiente de paz, libertad y teniendo como norte la búsqueda de consensos. Por último, afirmamos que ésta Resolución del CNU constituye, en sí misma, un ejercicio de violencia contra el pensamiento y la libertad de opinión, contra la vida académica y la dignidad de la Universidad Venezolana.
El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar repudia el Decreto 2.830 y la Resolución del CNU antes mencionada, por considerar que ambos documentos profundizan la ruptura del Orden Constitucional, el deterioro del Estado de Derecho y de la Democracia en Venezuela, e impulsan una significativa escalada de la violencia así como una represión desmedida a la sociedad civil por parte del Ejecutivo y sus cuerpos de seguridad.
El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar tiene el deber de alertar al país y a la comunidad internacional que estas últimas acciones del Ejecutivo pretenden anular e invalidar la garantía del derecho a la vida de todos los ciudadanosy el libre ejercicio de sus derechos cívicos y políticos, así como denunciar que constituyen una maniobra política que intenta desviar la atención de la profunda crisis económica, social, política y moral que vive Venezuela. Igualmente, demanda el cumplimiento de la constitución vigente y exige la restitución del Estado de Derecho y la Democracia.
Dado, firmado y sellado en la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, en sesión extraordinaria del Consejo Directivo a los catorce (14) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017).
NP/ MF
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