La agencia de evaluación de riesgos S&P considera que no es probable que el conflicto secesionista afecte a la calificación crediticia de España, a no ser que se intensifique la tensión, aunque sí a la de Cataluña, a la que en ese caso augura un gran impacto económico, pudiendo llegar incluso a entrar en recesión.
Esa agencia "no cuenta con que la independencia de Cataluña vaya a tener lugar", a pesar de la declaración que realizó el presidente del Gobierno regional, Carles Puigdemont, el pasado martes, que implicaba una declaración unilateral de independencia, que inmediatamente suspendió.
No obstante, indica que de continuar la actual situación política y económica, el mayor impacto lo sufriría la región de Cataluña, que podría ralentizar su crecimiento económico o, incluso, entrar en recesión.
Esto sucedería, añade, si el Gobierno catalán estuviera en dificultades financieras, por ejemplo, si la tensión entre ambos gobiernos pusiera en cuestión los plazos de refinanciación de la deuda catalana o si se erosionara el apoyo financiero español a esa comunidad autónoma española.
En esos casos, Cataluña se vería obligada a acumular atrasos de los pagos a sus contratistas y puede que incluso a sus propios funcionarios, poniendo así los servicios públicos en riesgo, lo que aceleraría la recesión económica y generaría mayores enfrentamientos políticos, dice la agencia.
Para esa agencia el mayor riesgo crediticio es que la tensión entre Cataluña y el Gobierno central dé lugar a un descenso sostenido de la confianza de empresas y consumidores y ahuyente potenciales negocios.
Especialmente en Cataluña, añade, donde el incremento de la incertidumbre legal y regulatoria ya ha llevado a varias empresas y entidades financieras ha cambiar sus domicilios sociales hacia otras regiones españolas.
La agencia considera que una Cataluña independiente no tendría el reconocimiento de un significativo número de gobiernos y, por su puesto, de ninguno de los estados miembros de la Unión Europea (UE).
Además, asegura que España seguirá considerando que la región de Cataluña y sus habitantes están sujetos a la legislación española.
La declaración de Puigdemont provocó que el Gobierno central iniciara un procedimiento que puede desembocar en la invocación del artículo 155 de la Constitución, algo sin precedentes, ya que si Cataluña confirma que realmente declaró la independencia de manera unilateral, se rescindiría la autonomía catalana.
S&P puso el pasado 4 de octubre en revisión con perspectivas negativas la calificación crediticia catalana, que actualmente está en B+ (bono basura), reflejando así la escalada del conflicto político.
La deuda española continúa con una calificación BBB+ (aprobado alto), con perspectiva positiva, con la expectativa de que se fortalezca el crecimiento económico. EFE
AM
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