Los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), afirmaron hoy que la labor de la presidenta Michelle Bachelet, que este domingo deja su cargo, "fue insuficiente" y que su administración "no hizo nada" en contra de la impunidad.
"La tarea sigue intacta a como estaba al inicio de su Gobierno en este tema. Había que avanzar en el tema de impunidad, no es una cosa antojadiza", señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
En declaraciones a Radio Cooperativa, Pizarro señaló que no se avanzó en la degradación de los involucrados en crímenes de lesa humanidad ni tampoco se anuló el decreto ley de amnistía que Pinochet dictó a favor de los criminales.
"Además, no se legisló para que ellos no puedan tener rebajas de penas cuando son procesados o para que sean imposibilitados de salir en libertad cuando ya están cumpliendo condena", enfatizó la activista.
Por otro lado, Pizarro lamentó que a un día de dejar su puesto, la presidenta Michelle Bachelet "no cumpliera con el compromiso" de cerrar el penal Punta Peuco, un recinto especial, donde 122 internos purgan condenas por violaciones a los derechos humanos.
A mediados del año pasado, Bachelet señaló en declaraciones a CNN Chile que cerraría el penal Punta Peuco y el martes pasado, en declaraciones a Canal 13, remarcó que aún le quedaban días de gobierno para concretar la medida.
En esta línea, Lorena Pizarro, señaló que en los últimos días se realizaron varias manifestaciones reclamando la indefinición del Gobierno.
Afirmó que "la incertidumbre" sigue afectando a los familiares de las víctimas en un tema que según la presidenta de la agrupación "faltó educación y cultura con respecto a los derechos humanos".
"Es un tema político, ni siquiera simbólico, tiene ver con aquellos que no pudieron evadir a la justicia y se les construye una cárcel especial muy distinta a la del resto", sentenció.
Punta Peuco fue construida en 1995 en el municipio de Tiltil, unos 35 kilómetros al norte de Santiago, y definida por las víctimas de la dictadura como una cárcel "cinco estrellas", con canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores.
Este sábado corrieron fuertes rumores de que finalmente el recinto sería cerrado antes del cambio de mando y los internos trasladados a cárceles comunes, sin embargo, fuentes gubernamentales señalaron que "nada de ello ocurriría".
El futuro subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, sostuvo que no tenía ninguna información de que la presidenta Michelle Bachelet hubiese firmado un decreto ordenando el cierre del penal como lo dijo durante esta jornada el abogado de al menos 80 internos de esa cárcel, Raúl Meza.
"Es una especulación, no sé si se firmó el decreto, menos puedo saber en qué trámite está. Así que esperamos -cuando lleguemos al gobierno- saber si este documento se firmó o no se firmó", advirtió Ubilla.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos y otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por razones políticas. EFE / RA
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