La Fiscalía hondureña acusó hoy al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera y a otros cinco ex directivos del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial de 600 delitos de corrupción, informó una fuente oficial.
En un comunicado, la Fiscalía hondureña indicó que Rivera y otros cinco exdirectivos son imputados por "600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, específicamente en lo que corresponden a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos".
Los seis ex directivos del Consejo de la Judicatura habrían "desviado alrededor de 13,5 millones de lempiras (566.988 dólares) por concepto de giras nacionales y al extranjero", añadió.
Rivera, quien también fue presidente del Consejo de la Judicatura, es acusado de "131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos".
Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, se le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
Bonilla fue condenado en septiembre de 2017 a la pena de 6 años de prisión por intentar incidir en sentencias a favor de dos familiares suyos procesados por blanqueo.
A Julio César Barahona, otro exdirectivo judicial, se le presume responsable de "67 delitos de malversación de caudales públicos", mientras a José Francisco Quiroz se le imputan "93 delitos de malversación de caudales públicos", según la acusación.
La ex directiva Liliam Maldonado es acusada de "67 delitos de malversación de caudales públicos", en tanto el ex directivo Celino Arístides Aguilera es señalado de "78 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos".
Según las investigaciones, los acusados tramitaban viáticos para asistir a "supuestas giras de trabajo" en Honduras y en el extranjero y en "576 ocasiones los mismos no realizaron los viajes y tampoco devolvieron el dinero de gastos de viáticos".
Los hallazgos señalan que los exdirectivos "calendarizaron en 2015 presuntas giras de trabajo durante unas 46 semanas, incluyendo días feriados, períodos de vacaciones y en días inhábiles como fines de semana".
La Fiscalía hondureña indicó que la investigación inició a partir de un informe elaborado en fecha no precisada por la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones del Poder Judicial, el cual sirvió de "insumo inicial para orientar una serie de diligencias investigativas".
En ellas, añade el comunicado, se "profundizó durante dos años logrando recolectar prueba técnica-científica, capaz de acreditar la plena participación de los hoy imputados en las conductas ilícitas que se les atribuyen".
La Fiscalía hondureña solicitó al Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción que cite a los acusados con miras "a que la causa se traduzca en condenas y penas ejemplares". EFE
ST
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