El Gobierno de Puerto Rico espera que el plan para reubicar presos en cárceles de EEUU permita ahorros millonarios, ya que haría posible el cierre de varios centros penitenciarios en la isla, explicó a Efe el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón.
Rolón subrayó que "la medida generará importantes ahorros al tener menos gastos operacionales" derivados del esperado cierre de cárceles.
Una primera fase de ese programa se espera que afecte a entre 1.000 y 1.200 reclusos, lo que según sus palabras permitirá el cierre de cuatro o cinco cárceles en la isla.
La iniciativa está en línea con el objetivo del Gobierno que lidera Ricardo Rosselló, que está obligado a presentar unos presupuestos sin déficit por la Junta de Supervisión Fiscal, la entidad federal de control al Ejecutivo resultante de legislación aprobada por el Congreso en Washington.
Rolón subrayó que actualmente cada recluso le cuesta al Gobierno de Puerto Rico entre 100 y 200 dólares por día, mientras que los presos que se trasladen a Estados Unidos tendrán un coste cercano a los 60 dólares, una diferencia muy importante que permitirá unos ahorros relevantes.
"El resultado será en términos de costo eficiencia y en la prestación de un mejor servicio", destacó el funcionario, tras matizar que a esta iniciativa se podrán acoger los reclusos que así lo quieran, sin ninguna imposición.
"El confinado podrá elegir", indicó Rolón, que aclaró que inicialmente se ofrecerá esa posibilidad a los reclusos que cumplen condenas de menos de 5 años de cárcel.
El funcionario detalló que se explicará a los reclusos que se trata de una opción que va en su beneficio, ya que, por ejemplo, dijo, éstos tendrán la oportunidad de mejorar su nivel de inglés, algo que será muy positivo en el futuro de cara a las oportunidades que puedan surgir en el mercado laboral cuando estén en libertad.
En cuanto a cómo se implementará el programa, dijo que en las próximas semanas se recibirán las ofertas de entidades estadounidenses que se dedican a la gestión privada de cárceles en el país norteamericano, a lo que seguirá el correspondiente proceso de análisis.
Rolón destacó que, no obstante, los 9.300 presos del sistema penitenciario de la isla tienen ya a su disposición programas de educación destinados a facilitar su incorporación al mercado laboral en el momento en que terminen sus condenas.
De los 9.300 presos en Puerto Rico un total de 220 son mujeres, un grupo que matizó tiene problemas específicos pero que se tratan de atenderse con los medios disponibles.
En cuanto a qué supone para la población reclusa pasar por los centros penitenciarios de la isla, aportó el dato de que entre un 60 y 70 % de los presos reinciden en la comisión de algún delito.
Sobre la cifra de reclusos que vuelven a las cárceles de la isla una vez que cumplen sus condenas y quedan libres dijo que se sitúa entre el 11 % y 12 %.
Rolón subrayó que la situación que sufren los reclusos es complicada y que muchos vienen de familias con graves problemas que no son tratados correctamente.
El funcionario adelantó que para paliar el problema en la medida de lo posible se trabaja en el "Plan Regreso", que consiste en identificar 6 meses antes de la salida del recluso a la calle las necesidades del preso para que su vuelta a la vida en libertad sea lo menos traumática posible.
Por ejemplo, explicó, se trabajará en cómo el recluso puede acceder a una vivienda, necesidad básica que no es sencillo de conseguir para una persona que ha pasado por la cárcel.
"Hay que trabajar para que los reclusos cuenten con igualdad de oportunidades", sostuvo el funcionario, para quien no es justo que este colectivo se presente en la sociedad en inferioridad de condiciones.
En Puerto Rico el 32,2 % de los reclusos son convictos por delitos contra la propiedad, mientras que el 21,7 % lo son por delitos contra la vida y el 16,2 % por violaciones a la ley de sustancias controladas (drogas).
La isla tiene algo más de 300 presos por cada 100.000 habitantes. EFE
ST
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