Con las Fuerzas Armadas desplegadas en la calle, aplicación de multas y la aprehensión de vehículos y bienes privados, el Ejecutivo brasileño busca enfrentar la huelga de camioneros que este sábado cumple su sexto día, y afirma que está en vías de normalizar la situación.
El ministro de Seguridad Institucional, Sérgio Etchegoyen, precisó en una rueda de prensa que "estamos caminando en vías de normalizar la situación (...) no es rápido".
Explicó que se dio prioridad a aeropuertos, termoeléctricas y que se reinició el abastecimientos de insumos en centros de salud, donde la paralización afectó el sistema de traslados para trasplante de órganos.
El Ejecutivo ya había advertido que aplicaría multas a los camiones que participaran de la huelga estando destinados a transportar medicamentos y material sanitario.
El ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann, dijo que hasta el momento se emitieron 400 actas de infracción por unos 2,33 millones de reales (USD 638.000), sin contar multas adicionales de 100.000 reales por hora de paro aplicadas a dueños de empresas de transporte.
"Hemos comprobado que este paro que fue hecho por camioneros autónomos tuvo, en parte, el apoyo criminal de patrones y empresas. Ellos pagarán por eso", señaló Jungmann, quien advirtió que "los responsables están siendo investigados", agregó.
Al comienzo de la noche, aún se registraban 566 paralizaciones parciales en las carreteras de todo el país, dijo Jungmann, destacando que Sao Paulo tenía 97% de sus vías liberadas y Brasilia el 70%.
"Brasil no será rehén [de ningún sector] y el gobierno del presidente Temer está decidido a utilizar todos sus recursos para garantizar esto", advirtió el ministro.
Los portavoces del Ejecutivo afirmaron que la refinería de Duque de Caxias en Rio de Janeiro, una de las mayores del país, estaba totalmente liberada al tránsito.
A media máquina
A pesar de que el jueves el gobierno aseguró haber llegado a un acuerdo con los camioneros que protestan por el alza de los precios del combustible, y que el viernes ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas, la paralización continuaba afectando este fin de semana el suministro de alimentos, combustible y el funcionamiento del transporte y de algunos servicios en buena parte del territorio nacional.
El presidente Michel Temer autorizó este sábado por decreto aprehender vehículos y bienes privados "necesarios para el transporte de carga considerados esenciales por las autoridades".
Imágenes de camiones escoltados por efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas se observaban este sábado cuando las autoridades procedían a despejar rutas.
Hasta mediados de la tarde de esta jornada, 14 aeropuertos del país continuaban sin gasolina.
Situación de emergencia
Los problemas de aprovisionamiento han afectado el transporte urbano durante la semana.
En Rio, el sistema BRT -buses articulados introducidos durante los Juegos Olímpicos de 2016 que transitan por carriles exclusivos- fue parcialmente interrumpido por falta de combustible. Líneas de autobuses en varios estados también dejaron de funcionar debido a la falta de abastecimiento, así como servicios de taxi.
El bloqueo obligó a cancelar vuelos en varios aeropuertos, siendo Brasilia, Recife y Rio de Janeiro los más afectados. También paralizó las cadenas de montaje de automóviles, redujo la actividad de grandes frigoríficos y provocó el aumento de precios de los carburantes y los alimentos.
La ciudad de Sao Paulo, capital económica del país, decretó el estado de emergencia, al igual que otras 27 ciudades del estado homónimo, una medida que le permitirá entre otras cosas requisar bienes privados, como el combustible almacenado en una gasolinera.
En su editorial del sábado, el diario Estado de Sao Paulo asigna una "irresponsabilidad generalizada" tanto a los huelguistas como al gobierno, al que critica por actuar con "demasiada lentitud".
A cuatro meses de la elección presidencial, la escasa credibilidad que le quedaba al impopular gobierno de centro-derecha de Temer continúa reduciéndose.
El viernes, Temer había justificado las medidas adoptadas afirmando que "una minoría radical ha bloqueado carreteras impidiendo que muchos camioneros lleven adelante su deseo de atender a la población", pese a un acuerdo firmado el día anterior con varios sindicatos para una "tregua de 15 días" que permitiera avances en las negociaciones.
Varios líderes sindicales criticaron la decisión de usar las Fuerzas Armadas "como instrumento de represión", asimilándola a "un intento de apagar un incendio con gasolina".
Amnistía Internacional consideró "inadmisible" la medida de movilizar las tropas, afirmando que el papel del ejército no es "poner fin a manifestaciones o huelgas". AFP / RA
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