La Corte Interamericana de Derechos Humanos estimó este viernes que Perú incumplió su deber de investigar y juzgar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pero evitó ordenar la vuelta a prisión del expresidente Alberto Fujimori, como lo pidieron familiares de las víctimas.
Según el pronunciamiento, las partes involucradas en el caso deberán presentar, a más tardar el 29 de octubre de este año, información relativa al "indulto por razones humanitarias" que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Fujimori el 24 de diciembre pasado.
El tribunal interamericano con sede en San José evitó así acoger el llamado de familiares de las víctimas de las matanzas para que Fujimori complete su sentencia de 25 años de prisión.
El gobierno peruano reaccionó, subrayando que realizará "un análisis serio y en profundidad" del pronunciamiento y aseguró que acataría lo dispuesto por el tribunal.
"Lo responsable, como Estado y gobierno democrático, no es reaccionar agitando banderas, sino asumir una posición seria de análisis antes de expresar cualquier pronunciamiento", dijo el ministerio de Justicia peruano en un comunicado.
El indulto permitió a Fujimori recobrar su libertad después de 12 años preso como autor mediato de la muerte de 25 personas en dos operativos antisubversivos en 1991 y 1992 en Barrios Altos y la universidad La Cantuta, ambos en Lima.
El pronunciamiento del tribunal es parte de una supervisión de las sentencias emitidas en 2001 (Barrios Altos) y 2006 (La Cantuta), en las que condenó al Estado peruano por las matanzas. Las sentencias de la Corte son de acatamiento obligatorio para los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Perú.
No descartan medidas contra indulto
Familiares de las víctimas pidieron a la Corte revertir el indulto a favor del expresidente, por considerar que se trató de un "pacto político".
El caso despertó sospechas de componenda política porque, días antes, Kuczynski había sido absuelto en el Congreso -gracias al voto de un grupo de fujimoristas- de un pedido de destitución por supuestos lazos con la constructora brasileña Odebrecht, en el marco del megaescándalo de corrupción de esta empresa brasileña.
Kuczynski renunció a la presidencia en marzo pasado tras enfrentar un segundo pedido de destitución en el Congreso.
La Corte dispuso también "mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento" de otras medidas de reparación por las matanzas en Perú.
Entre ellas mencionó el deber de investigar los hechos para determinar a las personas responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas, así como el pago de indemnizaciones adeudadas a familiares de algunas de las víctimas.
"Nos preocupa el nuevo plazo para el 29 octubre de este año para un nuevo control, conociendo que las instituciones en Perú suelen demorar más de la cuenta para emitir este tipo de opiniones", dijo a la prensa Gisela Ortiz, hermana de Luis Ortiz, uno de los alumnos de la Universidad La Cantuta que fue asesinado por los militares en julio de 1992.
Gloria Cano, defensa legal de los deudos, señaló al Canal N que no descarta presentar un recurso de amparo para que se revise la legalidad del indulto humanitario al expresidente Fujimori (1990-2000).
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Washington, señaló que de acuerdo al fallo de la Corte Interamericana, "la justicia peruana tendrá que determinar si el indulto ocasiona daños a los derechos de las víctimas y sus familiares".
"Es necesario que, además de la situación de salud del exmandatario peruano, se tomen en cuenta otros factores como el monto de la pena cumplida, la cooperación del condenado respecto del esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos, la reparación otorgada a las víctimas", precisó. AFP / RA
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