La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) se mostró hoy satisfecha por el informe de un grupo de expertos de la OEA que encuentra "fundamento razonable" para considerar que el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha cometido crímenes de lesa humanidad.
"Agradecemos a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su secretario general, Luis Almagro, la realización de este informe" en el que se "concluye que el régimen de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad", señaló en un comunicado Veppex, con sede en Miami (Florida, EE.UU.).
Veppex resaltó que el informe elaborado por un grupo de expertos de la OEA apunta "al menos a once presuntos responsables" de crímenes de lesa humanidad, encabezados por Maduro; su actual vicepresidente, Tareck el Aissami, nombrado en 2017; su antecesor en la Vicepresidencia, Jorge Arreaza Montserrat (2013-2016); así como otros miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Por ello, los exiliados venezolanos piden a los mandatarios de los países pertenecientes al Grupo de Lima que "denuncien formalmente a Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que el mandatario sea enjuiciado, así como a los funcionario responsables de los crímenes.
En su informe, presentado el pasado 29 de mayo en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, el panel de expertos concluyó que los crímenes de lesa humanidad se cometieron con "una intención política" para ejercer el "control social" sobre una parte de la población.
Los expertos consideran que Maduro, las Fuerzas Armadas y algunos miembros de su Gobierno son "los autores intelectuales de la represión, o guerra en contra del enemigo interno".
Asimismo, Veppex instó a la comunidad internacional a continuar el proceso de "desconocimiento y sanciones severas contra el régimen de Maduro", sanciones que los exiliados esperan que "sean extensivas a los sectores y figuras de la oposición venezolana que se han prestado para intentar una farsa electoral".
La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero sí puede hacerlo cualquiera de los Estados miembro del organismo panamericano que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
De los 34 Estados miembros de la OEA, 28 (incluido Venezuela) han ratificado el Estatuto de Roma.
Si ningún país denunciara a Venezuela, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría enviar a título personal la información a la Corte Penal Internacional.
En los 15 años de vida la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que sería histórico que algún país lo hiciera con Venezuela. EFE / RA
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