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Nicaragua pemite verificación internacional ante ola de violencia contra protestas

El gobierno de Daniel Ortega y la oposición en Nicaragua acordaron este viernes crear una comisión de "verificación" e invitar a organismos internacionales de derechos humanos para investigar la ola violencia que ha dejado 170 muertos en dos meses de protestas, en un sorpresivo anuncio en la reanudación del diálogo.

Nicaragua pemite verificación internacional ante ola de violencia contra protestas

En un giro tras una sesión matutina que aparentemente acabó en punto muerto, la opositora Alianza Cívica, integrada por los estudiantes, empresarios y organizaciones sociales, también acordó levantar las barricadas que los manifestantes armaron en casi todas las vías del país para frenar a las fuerzas antimotines, una de las principales demandas del gobierno, informó la Iglesia católica, mediadora en las negociaciones.

Las partes acordaron "urgir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (...) para coadyuvar en la investigación de todas las muertes y actos de violencia" ocurridos en las protestas, anunció el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

La entrada de la CIDH, un ente autónomo de la OEA, busca dar seguimiento a la primera visita que realizo en mayo a Nicaragua, en la que constató graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas.

Bajo el nuevo acuerdo, el gobierno también se comprometió a invitar de inmediato al Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y a expertos de la Unión Europea (UE) para que ayuden a la solución de la crisis en Nicaragua.

Las partes, estimaron además "importante" la presencia inmediata de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en este esfuerzo.

Esas organizaciones acompañarán una nueva "Comisión de Verificación y Seguridad", mediada por la Iglesia, para implementar un proceso de pacificación, que incluirá un plan para levantar los bloqueos que los manifestantes tienen en casi todas las vías del país, según el acuerdo.

Adelantar elecciones

Los obispos revelaron que la Iglesia le pidió el pasado 7 de junio al presidente Daniel Ortega adelantar las elecciones de 2021 -una medida fuertemente exigida por los manifestantes- para marzo de 2019.

El plan abarca trabajar en la separación de los cuatro poderes del Estado, actualmente en manos del oficialismo, principalmente del ente electoral.

Los obispos proponen que las reformas constitucionales requeridas para adelantar los comicios entren en vigencia este año y que en ellas se elimine la reelección presidencial, para impedir que Ortega, en el poder del 2007, se vuelva a postular.

Ortega no respondió directamente, y solo reiteró a los obispos su disposición a "trabajar por la democratización, el fortalecimiento institucional, la justicia y seguridad" en el país, y "de escuchar todas las propuestas e iniciativas dentro de un marco constitucional".

La sesión del diálogo continuará este sábado, anunció el cardenal Brenes.

Violencia ahoga diálogo

Mientras se desarrollaron las conversaciones, al menos cuatro barrios capitalinos fueron atacados por paramilitares, al tiempo que se reportaron nuevos enfrentamientos en las ciudades de Juigalpa (este), Nindirí (sur) y Jinotepe (sur).

"Estamos sufriendo una ola de violencia que fue desatada por el gobierno, por las turbas (grupos armados)", condenó Carlos Tünermann, uno de los representantes de la alianza en el diálogo.

Sebastián Chamorro, uno de los delegados del sector privado, recordó que "el desmantelamiento de las fuerzas para-policiales es una función del Estado".

"Si continúa esta violencia, este diálogo va a ir muriendo poco a poco", advirtió Chamorro.

El canciller Denis Moncada, representante del gobierno en el diálogo, lamentó el "salvajismo inaudito" que vive el país, pero negó la responsabilidad del gobierno en los hechos de violencia.

Nicaragua vive un clima permanente de protestas que tiene bloqueadas sus principales rutas en ciudades semiparalizadas desde que el 18 de abril estallaron las manifestaciones contra una fallida reforma a la seguridad social.

El viernes, miles de nicaragüenses retornaron a sus actividades, tras un paro casi general el jueves que la oposición espera termine de convencer al mandatario que el país quiere negociar un "cambio" por medios pacíficos.

"Necesitamos un cambio de gobierno porque estamos hartos", demandó Isidro Obando, de 66 años, quien considera que la represión que ha desatado Ortega contra el pueblo es "peor" que la que vivió el país en el pasado durante la dictadura somocista.

Al menos 170 personas han muerto desde que estallaron las protestas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Las últimas tres víctimas son dos manifestantes muertos en enfrentamientos ocurridos el jueves en el Caribe norte, y un abogado asesinado en la madrugada en Chinandega (noroeste).

Las protestas se extendieron como una muestra de disconformidad contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, con su esposa Murillo como vicepresidente y mano derecha, ambos señalados de autoritarismo y de controlar todos los poderes del Estado. AFP / RA

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