La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evalúa crear un mecanismo de seguimiento de los actos de violencia ocurridos en Honduras tras las elecciones de noviembre de 2017, que dejaron más de 30 muertos, dijo el viernes el secretario ejecutivo de la entidad, Paulo Abrao.
"Entendemos que esa situación generalizada de violencia requiere un tipo de atención especial para responder a los intereses de las víctimas y de los familiares que todavía están pendientes de justicia", señaló en rueda de prensa.
La CIDH, ente autónomo de la OEA, inicia este fin de semana una visita para observar la situación humanitaria, especialmente luego de la crisis política desatada con la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, que la oposición considera un "fraude".
En el marco de las manifestaciones, en las que los simpatizantes de la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura reclamaban la victoria de su candidato, Salvador Nasralla, se estima que 34 personas murieron en circunstancias que aún deben dilucidarse, dijo Abrao.
El gobierno de Hernández informó en abril que el ministerio público había abierto 22 investigaciones sobre asesinatos ocurridos en el contexto postelectoral, pero la CIDH no recibió hasta ahora datos detallados de las pesquisas.
"La CIDH piensa que solo con el conocimiento concreto de cada uno de estos casos se podrá evaluar si la respuesta fue suficiente", explicó Abrao, al señalar que ya planteó al Estado en abril la pertinencia de instalar algún tipo de mecanismo para dar seguimiento a las investigaciones.
Abrao también manifestó la preocupación de la CIDH por la inseguridad ciudadana en Honduras, donde la tasa de homicidios es de 43 cada 100.000 habitantes, un nivel de violencia cuatro veces superior al nivel considerado "epidemia" por organizaciones internacionales.
En este tema, la CIDH ve con alarma la creciente presencia de entidades de seguridad privada en el país, con 706 empresas y 60.000 guardias, frente a los 14.000 de las fuerzas policiales, así como la expansión de la vida militar en los sectores civiles, dijo Abrao.
Además de Abrao, la delegación de la CIDH incluye a seis de los siete comisionados, entre ellos el relator especial para Honduras, Joel Hernández, y los relatores para la libertad de expresión, Edison Lanza, y para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz.
Los representantes de la CIDH, que visitarán Tegucigalpa, el Bajo Aguan, San Pedro Sula, Tela y Puerto Lempira, tienen previstas entrevistas con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y miembros de la sociedad civil. También recibirán denuncias de la ciudadanía en un hotel de la capital.
Amnistía Internacional acusó en junio al gobierno de Hernández de hacer un uso excesivo de la fuerza y recurrir a detenciones arbitrarias para reprimir y disuadir a opositores que cuestionan su victoria.
AFP / RA
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