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Familiares y abogados de presos políticos exigen pronunciamiento del Defensor

Representantes del Proyecto Libertad y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia acudieron este jueves ante la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para que sean respetados los derechos humanos, el debido proceso y el cumplimiento de boletas de excarcelación de los presos políticos.

Familiares y abogados de presos políticos exigen pronunciamiento del Defensor

Esto tras cumplirse 3 días de la más reciente protesta de los detenidos en la sede del Sebin El Helicoide, Caracas. Carlos Daniel Moreno, abogado de la Coalición, señala que existe un desconocimiento absoluto de los tratados internacionales por parte de las instituciones del Estado. “Le recordamos al defensor del pueblo el reglamento mínimo para el tratamiento de los reclusos (adoptado por las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del prisionero) y el reglamento Mandela que rige sobre la materia. No es posible que personas que no han cometido delito sigan en prisión, sometidas a torturas físicas y psicológicas. ¿Qué va a hacer el defensor ante estas sistemáticas violaciones?”, cuestionó Moreno.

Para el abogado es importante que el defensor cumpla con las obligaciones constitucionales, inherentes a su cargo. “No se atienden las demandas, las solicitudes y lo relativo a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, no se dan los traslados a los tribunales para las audiencias correspondientes. Hay tribunales que siguen sin dar despacho. Otros que difieren los actos. Persiste además la situación de los presos con boletas de excarcelación, además de la situación irregular de los efectivos de Polichacao”.

Presos de conciencia

El jurista considera que la indefensión jurídica que hoy viven los presos políticos, pudiera trasladarse a cualquier ciudadano de a pie. “Eso es lo más dantesco, sobre el caso de los Polichacao, que 2 personas con mandamiento judicial de excarcelación sigan presas. El Sebin desconoció la autoridad del juez y aparentemente estos dos funcionarios ahora fueron recibidos en otro penal sin boleta de encarcelación. Esto le puede pasar a cualquier ciudadano de este país, puede ser encarcelado sin orden judicial”, señaló Carlos Daniel Moreno, en compañía de su colega Jackeline Sandoval.

Ella también es esposa del preso político Rolando Guevara, retenido en El Helicoide desde hace 13 años y 7 meses. Desde su doble posición, de familiar y abogado, emplazó a la Defensoría del Pueblo a tomar medidas en el asunto. “Exigimos la intervención del cargo del defensor del pueblo, porque ha fallado desde su rol de mediador entre las víctimas y los organismos que violan los derechos humanos. Nosotros hasta este momento no tenemos un estatus de los presos del Helicoide. Si bien se supone que ayer terminó la protesta pacífica que mantenían reclamando sus derechos, están totalmente incomunicados”, denunció Sandoval.

También informó sobre el traslado de tres presos políticos del Sebin El Helicoide a un lugar, hasta ahora desconocido. “Lo único que supimos es que fueron trasladados Reggie y Fredd Maváres, y otra persona cuyo nombre desconocemos. Pero lo cierto es que todos los presos están aislados, sin visitas por el motín de hace dos meses”, reclamó la también portavoz del Proyecto Libertad.

Consultada sobre las condiciones de reclusión, acotó que los privados de libertad tienen un acelerado deterioro de salud, por tanto no se le permite el ingreso de medicinas, alimentos, agua o de atención médica. “Nada más el hecho de que no tengan acceso a la luz del sol, el aire libre, sin una debida alimentación, ni acceso a las medicinas, agrava su situación. Ellos tienen dos meses aislados. Si bien se les permite hacer llamadas, no pueden recibir visitas. Sólo pueden recibir ropa y comida ya preparada, porque les fue retirada la cocina con la que ellos podían cocinar sus alimentos”.

Para finalizar los familiares y abogados de los presos políticos señalaron que en los próximos días apelarán a las instancias nacionales e internacionales para denunciar la sistemática violación de los derechos humanos de quienes están privados de libertad por oponerse al régimen que lidera Nicolás Maduro. NP

EA

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