Dos medios peruanos denunciaron este jueves que un fiscal les ordenó revelar quienes les entregaron unas grabaciones de comprometedoras conversaciones de jueces que ofrecían rebajas de penas o fijaban tarifas por servicios turbios.
En un nuevo capítulo del escándalo que involucra a varios jueces peruanos, el fiscal Víctor Raúl Rodríguez conminó a los dos medios que divulgaron los audios a revelar quienes se los proporcionaron, algo que atenta contra la ética periodística, según organizaciones de prensa.
El fiscal les advirtió a los responsables del portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros y del programa de televisión Panorama que si no revelan sus fuentes, serán procesados por el "delito de desobediencia a la autoridad”.
Esto es un "inaceptable acto de intimidación por parte del Ministerio Público, que afecta el derecho a la confidencialidad de las fuentes, una garantía reconocida constitucionalmente y esencial para el trabajo periodístico", dijo el Instituto Prensa y Sociedad.
Paralelamente, el fiscal nacional, Pablo Sánchez Velarde, "solicitó impedimento de salida del país para el juez supremo César Hinostroza", uno de los involucrados en este escándalo de corrupción, informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó que instalaría este jueves una comisión de "honorables" para preparar una propuesta de reforma judicial a raíz del escándalo de los audios, pero cerca de la medianoche el gobierno seguía sin anunciar su conformación.
Vizcarra dijo que esperaba divulgar la propuesta que haga la comisión el 28 de julio, durante un mensaje al país ante el Congreso con motivo del día nacional de Perú.
Posible referéndum
Asimismo, el gobierno advirtió este jueves que convocaría a un referéndum si el Congreso, controlado por la oposición, dilata la reforma judicial.
"Si en un corto plazo no hay voluntad política (del Congreso), tendremos que ir hacia otros mecanismos democráticos, como el referéndum", dijo el ministro de Justicia, Salvador Heresi.
Heresi detalló que la propuesta debe incluir no solo "una reforma estructural del sistema de administración de justicia del país, sino una reforma política y electoral".
"Diez verdecitos..."
La fiscalía y el poder judicial abrieron el lunes investigaciones por supuesto tráfico de influencias por estos audios, que comenzaron a ser difundidos el fin de semana por IDL-Reporteros.
En ellos hablan jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano encargado de designar a los magistrados peruanos.
En una grabación difundida este miércoles por Panorama se escucha al presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao, Walter Ríos, pedir una suma de dinero.
"Estoy pensando en 10 verdecitos. Proponle, pero como garantía, yo le doy mi palabra (...). Si no sale, se lo devuelvo", dice aludiendo aparentemente a un monto en dólares.
En otro audio se escucha al juez Hinostroza hablar sobre un proceso por la violación de una niña de 11 años: "¿Pero está desflorada? (...) ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?".
Además de enfrentar una prohibición para salir del país, Hinostroza fue removido de la sala de la corte que presidía y trasladado a otra, e inició vacaciones por 30 días.
La propuesta que prepare la comisión deberá ser revisada y debatida por el Congreso, baluarte del partido Fuerza Popular (derecha populista), que lidera Keiko Fujimori.
El Congreso no parece tener ánimo para aprobar esta propuesta sin pasar a la prensa por el tamiz escrutador. Los fujimoristas tienen entre ceja y ceja a un sector de los medios y han profundizado sus críticas tras la difusión de los audios.
En otro audio, el juez Hinostroza habla de una reunión con una misteriosa "Señora K". Los medios y políticos peruanos especulan que se trata de Keiko Fujimori, pero ella ha negado haber participado en tal encuentro.
Este escándalo es un "déjà vu" de la historia peruana reciente, pues la difusión de audios o videos grabados subrepticiamente provocaron la caída del presidente Alberto Fujimori en 2000, la renuncia de Kuczynski en marzo y la suspensión hace un mes del popular legislador Kenji Fujimori (hijo del exgobernante). AFP / RA
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