La líder opositora peruana Keiko Fujimori volvió a comparecer este lunes ante un juez que debe decidir si la manda a prisión, mientras su monolítico partido enfrenta una compleja crisis interna.
El juez Richard Concepción Carhuancho tiene que resolver si acepta el pedido de un fiscal anticorrupción de dictar prisión preventiva por 36 meses a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a otros 10 dirigentes y asesores de Fuerza Popular (derecha populista), que controla el Congreso peruano.
El fiscal los acusa de conformar una "organización criminal" dentro del partido fujimorista, que supuestamente recibió y encubrió 1,2 millones de dólares aportados ilegalmente por la empresa brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko en 2011.
En esta sexta jornada de la audiencia, el juez siguió escuchando los alegatos del fiscal José Domingo Pérez y de los defensores de los 11 imputados.
El juez anunciará su veredicto una vez que se expongan los argumentos de todos los imputados en esta causa que amenaza la aspiración de Keiko de ser en 2021 candidata presidencial por tercera vez.
Un rival político salió sorpresivamente en defensa de Keiko: el expresidente Ollanta Humala, quien la derrotó en los comicios de 2011, afirmó que sería "un abuso si le ponen prisión preventiva".
Humala (2011-2016) y su esposa Nadine han sido los únicos que han estado en prisión preventiva (nueve meses) por los aportes de campaña de Odebrecht en Perú, escándalo que salpica a otros tres expresidentes peruanos.
Este lunes comenzó el debate sobre Jaime Yoshiyama, prominente figura del gobierno de Alberto Fujimori, a quien el fiscal acusó de recaudar aportes ilegales para la campaña de Keiko, cargo rebatido por su abogado.
"No basta el simple dicho de una persona para condenar a alguien o para privar a alguien de su libertad siquiera transitoriamente", declaró el defensor Humberto Abanto.
En los días previos fueron revisados los pedidos de prisión contra Keiko y los abogados Vicente Silva Checa y Pier Figari.
Keiko estuvo detenida en forma "preliminar" una semana por esta causa a mediados de mes, igual que Figari y su asesora y amiga Ana Herz.
El juez no tiene que pronunciarse sobre el fondo de la acusación, sino sólo decidir si debe ordenar prisión preventiva para alguno o todos los inculpados.
A pesar de no estar obligada por ley, Keiko ha acudido todos los días a la audiencia, que sufrió interrupciones temporales el lunes por una disfonía del fiscal y desperfectos del equipo de amplificación.
"Propuesta de diálogo es nuestra"
En coincidencia con la odisea judicial de Keiko, su partido Fuerza Popular se sume en una crisis interna que puede derivar en un quiebre.
Keiko, de 43 años, manejaba al partido en forma autocrática, mientras su bancada, con amplia mayoría en el Congreso desde 2016, atacaba sin contemplaciones a sus adversarios.
Aunque Keiko no era parlamentaria, dictaba desde las sombras todas las decisiones que aprobaba el Congreso, según chats de Whatsapp y Telegram presentados por el fiscal como evidencias.
Evidencias de liderar por dos años una oposición obstruccionista y las acusaciones de corrupción desplomaron la popularidad de Keiko, quien adoptó un sorpresivo tono conciliador y propuso la "paz y el reencuentro".
Pero el presidente peruano Martín Vizcarra afirmó el lunes que él había propuesto un diálogo hace siete meses, sin obtener respuesta del fujimorismo.
"El diálogo lo planteamos el 23 de marzo", al asumir el poder, declaró Vizcarra a corresponsales extranjeros. "La propuesta es nuestra", insistió.
En Twitter, Keiko respondió "frente a la voluntad de diálogo reafirmada por el presidente Vizcarra, reitero mi propuesta de un Reencuentro Nacional".
"Este reencuentro no está sujeto a ninguna condición", agregó.
"No hay nuevo pedido de indulto"
Además de su batalla judicial, Keiko libra una guerra fratricida con su hermano Kenji por el legado político de su padre.
Si no superan sus disputas, ambos hermanos podrían enfrentarse en las presidenciales de 2021, aunque primero cada uno debe revolver sus líos con la justicia.
Kenji, de 38 años, perdió su banca parlamentaria e irá a juicio por cohecho, gracias a la denuncia de un legislador leal a su hermana.
Mientras tanto, el patriarca del clan Fujimori, de 80 años, permanece internado en una clínica en calidad de detenido desde que el 3 de octubre la justicia anuló su indulto.
Cuando sea dado de alta, el expresidente debe volver a cumplir su condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción. Aunque el fujimorismo se apuró en aprobar una ley que le concedería prisión domiciliaria, fue vetada por Vizcarra.
El mandatario aclaró que "no hay actualmente ningún pedido" de nuevo indulto para Fujimori.
Si alguno fuera presentado, "hay todo un sistema y organización dentro del Ministerio de Justicia para atenderlo", agregó. AFP / RA
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