El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) advirtió hoy que por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, en 2016, que está próximo de sentencia, solamente se condenará a los autores materiales.
"Este juicio nos va a dar una sentencia, seguramente nos va a dar condenados, pero lo cierto es que los que van a ser juzgados y sancionados son los autores materiales", dijo a Efe en Tegucigalpa la oficial de Incidencia del Cejil, Karina Sánchez.
Agregó que serán sancionados "quienes estuvieron directamente implicados en el asesinato de Berta, pero no necesariamente todos aquellos autores intelectuales vinculados en la estructura criminal".
Esa estructura "no solo es culpable del asesinato, sino que también es culpable de todos los hechos y agresiones y estigmatización de la que ha sido víctima Berta Cáceres y también el COPINH (Consejo Popular de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y que permanece hasta la actualidad", enfatizó Sánchez.
Dijo además que es importante recordar que habrá un próximo juicio, que será contra David Castillo, el primer autor intelectual imputado, miembro de la junta directiva y gerente general de DESA (Desarrollos Energéticos), responsable de la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía Berta Cáceres.
Castillo fue detenido el 2 de marzo, dos años después del asesinato de la ambientalista hondureña.
En ese sentido, Sánchez señaló que continúan levantando la exigencia de la debida diligencia, de independencia e imparcialidad ante el juzgamiento de Castillo, con lo que de alguna manera el CEJIL espera que se pueda "esclarecer cuál es realmente la verdad respecto del asesinato de Berta".
El objetivo de CEJIl es "llegar al acceso a la justicia y a la reparación de las personas que han sido víctimas de su asesinato", recalcó Sánchez.
El CEJIL considera que el proceso penal en el caso de Berta Cáceres "no representa una justicia integral" por las "graves irregularidades que el Ministerio Público y el Tribunal a cargo del caso han cometido".
Entre esas fallas figuran la falta de acceso completo a información, la exclusión arbitraria de las víctimas y la falta de publicidad de las audiencias.
La directora del CEJIL para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, dijo el pasado día 22 que "la decisión que tome el tribunal será parcializada e incompleta, porque sólo los eslabones más bajos de la estructura criminal podrían ser condenados".
"El cierre de esta etapa del proceso no representa una justicia integral. La sentencia que se logre será insuficiente y será solo un primer paso en esta causa, porque ni la familia, ni el COPINH, ni las organizaciones que hemos apoyado su lucha vamos a cesar en nuestra demanda de justicia para Berta Cáceres", enfatizó Aguiluz en un comunicado del Cejil.
Berta Cáceres, quien además era coordinadora del COPINH, fue asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza el 2 de marzo de 2016, aunque en principio se informó de que había sido el día 3.
El día del crimen Cáceres tenía como huésped al ambientalista y defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, quien resultó con una herida de bala en una oreja.
El Cejil considera además que las autoridades hondureñas no han llevado a cabo una investigación completa ni diligente en el caso del asesinato de Berta Cáceres, y que el juicio inició con violaciones al debido proceso que violentan los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.
Los otros acusados por el caso son Sergio Orellana, gerente ambiental, social y de comunicaciones de la empresa DESA; Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y los hermanos Edilson y Emerson Duarte.EFE
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