Por: Isaías A. Márquez Díaz.-
Honrosamente, la Asamblea Nacional ha dado inicio a las sesiones del períiodo 2019-2020 al proponerse como eje para restituir el “Estado de Derecho”, característico de todo sistema democrático, que no es otra cosa sino la forma política de organización de la vida social por la cual las autoridades que lo gobiernan se contraen, estrictamente, ante un marco jurídico supremo que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. Y, toda decisión de los órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos fundamentados con respeto absoluto a los derechos constitucionales.
En el plano político, como sabemos, un Estado es aquel territorio o unidad política superior que, como tal, es autínoma y soberana.
Entre las consideraciones éticas del Estado de Derecho tenemos que para definirlo, adecuadamente, debemos partir de la idea de que toda sociedad debe disponer de algún tipo de ordenamiento jurídico que regule la vida política de la comunidad, e implique un trato justo e igualitario y que las autoridades gobernantes acepten y respeten el derecho vigente para no entrar en un caos sociopolítico, como el de hoy día.
Cualquier nación podría gobernarse de manera autocrática, tal y como ahora ocurre en Venezuela, donde desde 2013 viene gobernando una sola persona, ahora con poder prorrogado por otro sexenio (2019-2025), con una división de poderes nada transparente; mucho menos autónoma, pues todas las decisiones las encarna el ejecutivo , tomándolas en cualquier sentido.
Toda democracia se caracteriza por disponer y respetar lo que conocemos como estado de derecho; se trata, sin duda alguna, del estado ideal de cualquier nación porque todos los poderes que conforman el estado se encuentra a derecho; es decir, sometidos a la autoridad de las leyes vigentes, a la ley rectora (constitución nacional de la república y al resto del cuerpo normativo).
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