Las negociaciones entre el Gobierno de Daniel Ortega y una alianza opositora, con la que buscan superar una crisis que estalló en abril pasado, entraron este lunes a punto muerto por desacuerdos con el tema de los "presos políticos".
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció en la víspera su retirada de la mesa de negociación con el Gobierno de Nicaragua, hasta que el presidente Daniel Ortega libere a cientos de "presos políticos" y cese la represión.
Para este lunes estaba prevista la novena sesión del diálogo y a la misma sólo acudió la representación del Ejecutivo, que reclamó por la ausencia de la oposición extraparlamentaria.
En un comunicado leído por el canciller Denis Moncada, el Gobierno nicaragüense indicó que la "negociación por la paz se estableció sobre la base de la confianza, respeto y buena voluntad, que consideramos deben prevalecer".
Moncada destacó que, de no haber "confianza, respeto y buena voluntad" en las negociaciones, "se estaría golpeando la esperanza de los nicaragüenses y el derecho de las familias de nuestro país a afianzar la seguridad, la estabilidad, la paz y la prosperidad".
La Alianza Cívica anunció anoche que "retomará su asistencia a la mesa de negociación una vez que el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz".
Entre las muestras que demanda la oposición están la libertad de los detenidos por manifestarse contra el Gobierno, el cese de la represión y "secuestros", y el cese del hostigamiento a los familiares de los encarcelados.
También plena observancia y respeto a los estándares internacionales para el tratamiento de los "presos políticos", incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y brindando pronta asistencia médica a reclusos.
El Gobierno no se refirió a las muestras de buena voluntad exigidas por los opositores, e insistió en su compromiso "para llegar a acuerdos sobre la reconciliación, la estabilidad, y la paz", de forma "tentativa" el 28 de marzo.
Además, reiteró sus puntos de agenda para solucionar la crisis, divulgados el fin de semana, luego de que el Episcopado se negó a actuar como testigo y acompañante de las negociaciones, y un día antes de que la Alianza anunciara su retiro de la mesa por falta de voluntad del Gobierno en avances reales.
La agenda del Gobierno consiste en "perfeccionar" el sistema electoral con el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), propiciar justicia y reparación, liberar a una parte de los manifestantes presos y revisar los expedientes de otros, pedir que se suspendas las sanciones internacionales, y cumplir con los acuerdos.
La apertura del Gobierno se da cuando penden sobre Nicaragua sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.
Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo que su Gobierno está "comprometido absolutamente con el fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden constitucional", fortalecer las libertades, y reiteró el llamado a la comunidad internacional a que no sancione al Estado.
Según sectores de la oposición, las amenazas de sanciones estarían dirigidas a funcionarios individuales y no al Estado nicaragüense.
El retiro de la Alianza Cívica de la mesa de negociación fue motivo de elogios por parte de diversos sectores y familiares de las víctimas, quienes creen que el propósito de Ortega es ganar tiempo para su Gobierno, por lo que demandan a la comunidad internacional presione al Ejecutivo para que muestre buena voluntad.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. EFE
SP
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