Las víctimas de violación en Inglaterra y Gales deberán permitir a la policía, a partir de este lunes, analizar sus teléfonos móviles a fin de facilitar el proceso judicial.
A las denunciantes se les pedirá que rellenen formularios de consentimiento para autorizar a los agentes a acceder a los datos personales de su teléfono, como a los de las cuentas de email, mensajes o fotografías.
La medida se ha adoptado después de que varios casos de violación y delitos sexuales graves no prosperasen tras haber salido a la luz información clave en esos procesos.
Ese cambio en la legislación ha generado polémica entre asociaciones de víctimas de delitos sexuales, que opinan que el acceso policial a información personal de sus móviles supone una intromisión en su intimidad.
La Asociación de Apoyo a las Víctimas -Victim Support- considera que la medida podría disuadirles a la hora de poner una denuncia.
Rachel Almeida, de la citada organización, alertó de que permitir el acceso policial a esos datos personales añadirá "estrés" a la víctima.
"Sabemos que la violación y las agresiones sexuales no se denuncian demasiado y, desafortunadamente, esta noticia podría disuadir aún más a las víctimas a la hora de poner la denuncia y a la hora de acceder a la justicia y al apoyo que se merecen", indicó.
Sin embargo, la policía y la fiscalía británica defienden que con los citados formularios se subsana un vacío legal que, hasta la fecha, estipulaba que los denunciantes y los testigos no podían ser forzados a entregar sus teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas o relojes "inteligentes".
Ante la controversia, el director de la Fiscalía Pública, Max Hill, aclaró que tan solo se analizarán los dispositivos cuando la medida se justifique dentro de "una línea de investigación razonable" y que solamente se presentará ante un tribunal material relevante.
Esos formularios de consentimiento pueden emplearse por cualquier tipo de denunciante en cualquier investigación criminal, si bien lo más probable es que se dirijan a víctimas de delitos de violación y casos de abuso sexual, en los que con frecuencia los demandantes conocen al agresor.
Los documentos estipulan que las víctimas tendrán la ocasión de explicar por qué no quieren permitir que la policía revise sus datos personales.
La organización benéfica para las libertades civiles Big Brother Watch consideró que las víctimas no deberían tener que "escoger entre su privacidad y justicia".
EFE / RA
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