El Gobierno español pidió este viernes al ejecutivo regional catalán una condena "clara" de la supuesta violencia de los radicales en prisión acusados de tenencia de explosivos e integración en grupo terrorista.
El Gobierno del socialista Pedro Sánchez decidió hoy impugnar legalmente una serie de resoluciones aprobadas la pasada noche por el Parlamento regional catalán entre las que se pedía la salida de la Guardia Civil (policía estatal) de Cataluña y se defendía la "desobediencia civil e institucional".
La portavoz del Ejecutivo español, Isabel Celaá, exigió tras la reunión semanal que el presidente del gobierno regional catalán condene con claridad a los miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) que fueron detenidos el lunes en posesión de sustancias precursoras para fabricar explosivos, así como fotografías y planos de presuntos objetivos.
Después de que un juez decretase este jueves el ingreso en prisión preventiva de los siete detenidos, acusados de terrorismo, el parlamento regional catalán pidió su liberación y culpó al Gobierno central, tribunales y fuerzas de seguridad españoles por, según afirmaron, intentar asimilar al independentismo con el terrorismo.
Defensa a la "Desobediencia civil"
Además, el parlamento catalán -donde los independentistas tienen una estrecha mayoría- defendieron en otra resolución el uso de la "desobediencia civil e institucional" como respuesta a la inminente sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a doce líderes del fallido proceso independentista ilegal de octubre de 2017.
Esas resoluciones constituyen una "clara extralimitación" en los poderes de la cámara y también "un ataque a la convivencia entre catalanes", afirmó la portavoz del Gobierno en funciones, la socialista Isabel Celaá, en rueda de prensa al final del Consejo de Ministros.
Añadió que el Gobierno va a impugnar legalmente esas resoluciones ya que apuesta "por la convivencia frente a la crispación". EFE
RA
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