Human Rights Watch (HRW) denunció las condiciones de explotación existentes en las minas ilegales de oro de Venezuela, controladas por grupos paramilitares que operan con el consentimiento del gobierno de Nicolás Maduro.
En otras ocasiones se ha presentado la problemática de la supuesta minería ilegal en Venezuela. Esta vez, se conoce a través de La El director para las Américas de La Voz de América a través del informe dado a conocer por Human Rights Watch (HRW).
José Miguel Vivanco, denuncia que la crisis económica y la emergencia humanitaria que sufre Venezuela han llevado a algunos ciudadanos a trabajar para "grupos armados que controlan minas ilegales" en el sur del país.
"Los grupos armados parecen actuar generalmente con el conocimiento del gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales", acusó esta organización pro derechos humanos en un informe divulgado este martes.
De acuerdo con HRW, organizaciones venezolanas -conocidas como "sindicatos"- y grupos armados colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejercen un "estricto control" sobre las poblaciones próximas a los yacimientos ubicados en el estado de Bolívar, al sur de Venezuela.
La organización basa sus conclusiones en más de una treintena de entrevistas a mineros, periodistas y líderes de grupos indígenas, llevadas a cabo durante 2018 y 2019.
Algunos de estos testimonios relatan cómo los responsables de minas como las de Las Claritas, El Callao, El Dorado y El Algarrobo ejercen la violencia sobre sus trabajadores en caso de no cumplir con las normas establecidas.
"En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas", detalla el documento.
Además, los trabajadores de estos yacimientos se enfrentan a condiciones laborales muy deficientes, por lo que están expuestos a enfermedades como la malaria.
HRW reconoce que el gobierno de Maduro ha anunciado iniciativas para combatir la minería ilegal, pero pone en duda su determinación a la hora de llevarlas a cabo.
La organización incluso se hace eco del testimonio de algunos de los entrevistados que aseguraron que "las autoridades tienen conocimiento" de esta situación y que, de hecho, "agentes de seguridad estatales visitan las minas para cobrar sobornos".
Asimismo, HRW asegura no haber encontrado información pública sobre investigaciones abiertas para dilucidar la posible participación de funcionarios gubernamentales.
“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, resumió el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en el informe.
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