“Es un irrespeto, una burla lo que está haciendo el Gobierno Nacional con los educadores del país al anunciar un aumento de sueldo que se aparta de la realidad que padecemos; y lo que es peor, también golpea a los obreros y personal administrativo de la educación; incluyendo a los jubilados e incapacitados”.
Así lo manifestaron los dirigentes gremiales del municipio Independencia, Leslie Zamora, delegada de Sitraenseñanza; Eucario Martínez, por Suteem; Javier mejías, por la FVM; y Alexander Fernández, por SUMA, quienes agregaron que “el pírrico aumento no resuelve nada a la familia docente”.
“Para comer los educadores necesitan un salario mínimo de 600 dólares. A lo que debemos agregar la adquisición de bienes y servicios, que pasan por la salud, la educación de nuestros hijos y la manutención de la familia, en general”, dijeron.
En opinión de los declarantes, la situación actual más de un problema de salud en el país, es una pandemia de hambre. “La pensión de 2 dólares decretada por el ejecutivo apenas alcanza para comprar medio kilo de queso; mientras que el salario integral mínimo de Bs. 800.000, solo servirá para comprar un kilogramo de carne molida. Los bonos de alimentación y el de la denominada guerra económica, por 400 mil y 300 mil, respectivamente, no cubren el costo de la canasta alimentaria familiar, cuyo monto para el mes de marzo se ubicaba, de acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la FVM (Cendas), en Bs. 30.222.392,45. Y por si fuera poco, esos prenombrados bonos no forman parte de los cálculos a la hora de computar beneficios contractuales para las prestaciones sociales de los trabajadores de la educación”, indicaron.
Los docentes destacaron que el Comando Inter sindical del Magisterio en el municipio Independencia se mantiene en pie de lucha, en defensa de los trabajadores de la educación, apegados al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
RECUADRO
Otra burla
Por otra parte, los dirigentes gremiales rechazan el comportamiento de los funcionarios medios que administran la distribución de las cajas CLAP, en los municipio Paz Castillo e Independencia, “quienes han dejado al descubierto su incompetencia para hacer llegar los alimentos a la población de activos y jubilados de la gobernación del Estado Miranda”.
“Ya basta de la humillación que recibimos cada mes, cuando nos toca recibir la caja; cuando no es la impuntualidad para la entrega, es la falta del transporte; pasando por el recorte de la cantidad de productos. Cada beneficiario, aunque reconoce es un subsidio de la gobernación, paga el costo; y Nicolás Maduro repite hasta el cansancio que la caja contiene 24 productos. La realidad es otra”, enfatizaron los denunciantes.
MIP-TUY Agencia/Rafael González
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