El régimen venezolano repite cada día la máxima de que gracias a las medidas de aislamiento social decretadas desde el 13 de marzo ha sido posible contener la propagación del coronavirus en el país. Esa es la justificación de un estado de excepción constitucional impuesto en la nación y que restringe las libertades ciudadanas, pero lo cierto es que bajo esta fachada las autoridades han arremetido contra la disidencia, las voces críticas y la ciudanía que protesta en reclamo de sus derechos, y a la vez han dejado que una escalada violenta sacuda al país con un saldo de muertos que supera con creces los causados por la pandemia.
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| El ministro Néstor Reverol salió con una versión que pocos creen / Twitter: @MIJPVenezuela |
Este domingo Venezuela amaneció con la noticia de que se impidió una invasión marítima al país. La versión oficial indica que, por las costas de Vargas, muy cercanas a Caracas, llegó un grupo armado que fue repelido con saldo de al menos ocho personas fallecidas y dos detenidos.
La acción, liderada por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), impidió que los invasores siguieran con su agenda de “cometer actos terroristas en el país” como parte de los “planes de desestabilización de la derecha venezolana”, según afirmó Néstor Reverol, el ministro de Interior de Nicolás Maduro.
Para el gobierno interino, que encabeza Juan Guaidó, se trata de “militares o civiles
venezolanos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por la dictadura y sus
cadáveres han sido utilizados para crear un falso positivo en las costas del estado
Vargas”. Es, a su juicio, “un montaje fabricado o un hecho delictivo manipulado por la
dictadura para continuar la persecución hacia el gobierno interino, la AN y las fuerzas
democráticas”.
Lo cierto es que los hechos, que siguen siendo confusos, se produjeron en una
localidad donde, por orden de su gobernador, la cuarentena tiene horarios rígidos.
Así, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 6 de la mañana se restringe la presencia
ciudadana en las calles. Además, en este estado, Vargas, se han colocado bloqueos
en las vías que lo conectan con Caracas como parte de las restricciones de
circulación a propósito de la cuarentena.
Otra masacre con silencio ofcial
No hay que olvidar que en el marco del estado de alarma decretado en marzo todas
las policías pasaron a la orden del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza
Armada Nacional, lo que les dio a los militares el mayor peso en el control, a la par
de los cuerpos especiales de Maduro, que son los que se despliegan para hacer
cumplir las medidas de control ciudadana.
El cuadro no luce propicio para una incursión como la descrita. Pero más allá, en una
sola arremetida hubo 8 muertos, mientras que el saldo de fallecidos por la Covid-19 a
la fecha en el país llega a 10.
Pero este no es el único evento sangriento en tiempos de control extremo.
El
Comisionado de Juan Guaidó para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas,
Humberto Prado, señaló que en medio de una acalorada protesta por comida de los
reclusos del Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), del estado Portuguesa, la
respuesta de las autoridades fue “masacrar”. El hecho, registrado este 1 de mayo,
dejó unos 46 fallecidos y más de 75 heridos, cifras que siguen sin confirmación
oficial.
Para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el silencio oficial ante esta masacre es síntoma de más impunidad ante los asesinatos de presos en las cárceles venezolanas. “Familias humildes que requieren información de sus seres queridos y no hay un listado oficial de fallecidos ni heridos”.
Datos del Observatorio Venezolano de Prisiones indican que el lugar tiene capacidad para 750 reclusos, pero en sus instalaciones hay alrededor de 2.500 reos, lo que ya describe las condiciones de hacinamiento. Frente a lo ocurrido la Oficina de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación e instó a las autoridades a “realizar una investigación exhaustiva, abordar el hacinamiento y garantizar los derechos básicos” de los reclusos.
En paralelo, y con el país prácticamente sumido en un toque de queda, las megabandas delictivas han arremetido con fuerza. En una de las barriadas más populosas de Caracas, Petare, se dieron enfrentamientos armados que terminaron por afectar a urbanizaciones aledañas, con el impacto de balas perdidas en varias viviendas a riesgo de producir muertos y heridos. Lo más llamativo es que la guerra entre bandas se prolongó por cuatros días sin que los cuerpos de seguridad intervinieran y sin pronunciamiento alguno de los funcionarios del régimen.
Control focalizado
Si bien por un lado ocurren estas cosas, por otras hay mano dura, lo que deja en evidencia que el control de las autoridades es focalizado. Según la organización Foro Penal, durante la cuarentena se han registrado cerca de 80 detenciones por razones políticas, con lo que llega a 347 el total de presos políticos en el país.
Ante cada manifestación popular en reclamo por las fallas en los servicios públicos, la escasez de gasolina o el alto costo de los alimentos suelen arremeter los cuerpos de seguridad del Estado con detenciones difíciles de rastrear a lo largo del país.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello registra que, en el marco de la cuarentena por el coronavirus se han incrementado los casos violatorios de la libertad de expresión en el país, esto incluye detenciones arbitrarias de reporteros durante sus coberturas, de defensores de derechos humanos y de personal médico que denuncia la crisis hospitalaria. De alguna manera de trata del uso político de la pandemia.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa tiene registro de 22 detenciones desde el inicio de la cuarentena, a mediados de marzo, hasta la fecha. “Publicar información distinta o tan siquiera complementaria a la contenida en el boletín que se lee en los medios del Estado (sobre la Covid-19) y que replican los medios privados, le ha valido el encarcelamiento a una veintena de periodistas en distintos estados del país, lo mismo que a voceros o fuentes expertas que han rendido declaraciones para opinar u ofrecer datos que, de manera deliberada, omite la administración de Maduro”.
Para Guaidó la conclusión es simple: “Esto es un Estado fallido, un Estado criminal que promueve una política de violencia generalizada y que ampara a grupos irregulares para aumentar el control social y la represión”.
Zenaida Amador (ALN).-
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