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Brasil privatiza las cárceles: los delincuentes tendrán que trabajar para mantenerlas

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha encontrado la solución al problema de hacinamiento en las cárceles brasileñas: la privatización, con el objetivo de que los detenidos puedan trabajar para reducir sus condenas y que, con su salario, paguen sus costos, disminuyendo el gasto estatal en materia carcelaria.



En una entrevista con el portal UOL, la secretaria especial del Programa de Asociación de Inversión del Ministerio de Economía, Martha Seillier, habló sobre la iniciativa y explicó que el modelo se llevaría a cabo a través de una asociación público- privada. Con esto, el sector privado obtendría la concesión de la unidad de prisión por los próximos 35 años.

“Ya estamos con los dos pilotos en la estructuración y en la etapa de estudio de factibilidad para descubrir cómo se compensará al inversor privado durante los 35 años , creemos que la subasta podría ocurrir el próximo año”.

Por ahora, hay un solo modelo de prisión en el país que opera a través del sector privado desde su construcción hasta la administración. Se ubica en la ciudad de Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil.

La idea, según Martha Seillier es llevar a cabo dos nuevos proyectos más en el sureño Estado de Santa Catarina y en el Estado de Río Grande do Sul que servirán de modelo para el resto de Brasil.

Complejo Penal de Ribeirão das Neves, en el Estado de Minas Gerais.

Si estos pilotos tienen éxito, muchos otros estados levantarán la mano y exigirán este tipo de modelo. Entonces, de hecho, comenzamos a tener una transformación en nuestro sistema de seguridad pública“, dijo Seillier.

Por otra parte señaló que el incentivo para que los presos trabajen es que, además del salario, reducen el tiempo de sus condenas. Parte del salario también ayudará a mantener el sistema.

El trabajo es una opción, pero el recluso tiene dos grandes incentivos para elegir el trabajo. El primero es que reduce la penalización. “Cada tres días trabajados es un día menos en prisión“, aunque se aclaró que para penas por delitos graves será distinto el esquema.

El segundo es que recibe una remuneración, que no puede ser inferior al salario mínimo. Con parte de ese dinero, ayudará a mantener el sistema, pagando por su propio alojamiento y su comida, por ejemplo.

Según el sitio web, el modelo que se utilizará en el Estado de Santa Catarina establece que el pago a los detenidos sea exactamente el salario mínimo. Sin embargo, la ley de Ejecución Penal permite que el monto mínimo a pagar sea menor, un tres cuartos del salario mínimo.

Con respecto al plan del gobierno para privatizar las cárceles, Martha Seillier explicó que la idea inicial de la propuesta es reducir el déficit de vacantes en las cárceles. “Con el tiempo y el modelado, nos dimos cuenta de que es posible hacer una política pública que genere ingresos, oportunidades y reduzca el costo para el Estado”.

FUENTE: derechadiario

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