Los resultados de la investigación presentada por La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en el país, ha causado un gran impacto por lo que se hace necesario obtener claves que permitan su fácil entendimiento.
Como mandato del Consejo de Derechos Humanos, fueron analizados a detalle 223 casos de violaciones de DDHH y se realizaron unas 274 entrevistas a víctimas, familiares, funcionarios públicos y otros actores.
En el documento la Misión precisó que desde 2014 han sido continuas las detenciones arbitrarias contra personas por sus opiniones políticas pero, además, varias de estas personas también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género.
Concluyeron que estos hechos responden a una política de Estado sistemática y que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Concretamente indicaron la responsabilidad de Nicolás Maduro; el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello; los ministros de Interior y de Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino respectivamente, y también mencionaron tener una lista de altos funcionarios involucrados en estos hechos, de acuerdo con la Misión de la ONU.
Con esta acusación, exhortaron a la Corte Penal Internacional (CPI) a abrir una investigación y establecer sanciones contempladas en el derecho internacional.
Claves:
Represión política
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron señalados como los responsables de identificar a la disidencia política, incluyendo activistas de DDHH.
La Misión describió patrones de ambos cuerpos de seguridad al realizar detenciones, en los que coincidieron las desapariciones forzadas y la incomunicación con abogados y familiares, entre otros. Además ofrecieron detalles sobre sus tácticas de tortura y los espacios donde llevaban a cabo estos crímenes.
Indicaron que los principales blancos de violaciones suelen ser “críticos del Gobierno con perfiles públicos elevados o personas que han alcanzado una prominencia o que representan una amenaza particular debido a sus acciones”. Pero también se incluyen personas que desafían las narrativas oficiales como funcionarios públicos, jueces, fiscales, abogados, trabajadores de ONG, periodistas y blogueros y usuarios de redes sociales.
Destacaron que incluso trabajadores de la salud y ciudadanos que se expresaron en las redes han sido detenidos por cuestionar la respuesta de la administración de Maduro a la pandemia del COVID-19.
Respecto a las protestas antigubernamentales en 2014, 2017 y 2019 mencionaron que en la mayoría de los casos que investigaron los detenidos fueron mantenidos a un régimen de incomunicación antes de ser llevados ante un juez.
Indicaron que “la falta de independencia judicial y la injerencia del ejecutivo en los procesos judiciales contribuyen a las detenciones arbitrarias”.
Además identificaron en los casos que documentaron que las personas detenidas fueron víctimas de torturas y malos tratos en los primeros momentos o días de su detención.
Operativos de seguridad y protestas
La Misión también investigó violaciones que se produjeron durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), así como en otras operaciones de seguridad más específicas realizadas por un solo cuerpo de seguridad o en pequeñas operaciones combinadas.
Concluyeron que un gran número de asesinatos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado “se cometió desconociendo las disposiciones legales sobre el uso de la fuerza”.
También señalaron que “se han adoptado tácticas de seguridad cada vez más agresivas que han dado lugar a una serie de violaciones de los derechos humanos, en particular, un elevado número de ejecuciones extrajudiciales”.
Entre otras razones, sugieren que una de las razones para esta política de mano dura es “Generar miedo y reforzar el poder con fines de control social para reducir la posibilidad de que se produzcan levantamientos políticos, especialmente en los barrios urbanos más pobres”.
Sobre las OLP señalaron que se diferencias de otras operaciones porque tienen en común, entre otros aspectos, que se realizan un gran número de detenciones arbitrarias.
El informe señala que la mayoría de las víctimas mortales en los casos que investigaron no tenían antecedentes penales ni órdenes de arresto pendientes en su contra.
Un patrón claro que identificaron es que las autoridades gubernamentales afirmaban que los asesinatos se dieron durante “un enfrentamiento” o por “resistencia a la autoridad“.
“En la mayoría de los casos, familiares de las víctimas mortales, incluidas las mujeres, las personas mayores y menores de edad, fueron sacados de sus viviendas por las fuerzas de seguridad, por lo que hubo pocas personas que fueran testigos oculares de la muerte”, dijo la Misión de la ONU sobre Venezuela.
Con información de: efectococuyo.com
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