Durante la campaña electoral a los comicios parlamentarios de diciembre de 2020, la mayor demanda de la población fue la atención a los servicios públicos, que también han sido blanco de sabotaje con fines políticos, según ha denunciado el Gobierno. Como respuesta, el Poder Legislativo adelanta dos propuestas que aspiran convertir en leyes orgánicas.
Sin embargo, el escenario no es sencillo. Si bien el presidente Nicolás Maduro considera que los servicios públicos no son autosustentables y que se debe «pagar lo justo» para mantener su infraestructura, su postura ha generado polémica porque sugerir el aumento de tarifas cuando la población ha perdido casi la totalidad del poder adquisitivo, parece una propuesta insostenible.
No obstante, el mandatario ha adelantado que busca «fórmulas» para recuperar el salario de trabajadores y pensionados, ya que el sueldo mínimo se ubica en 3,5 dólares, un ingreso que les impediría pagar un alza en los servicios públicos (actualmente subvencionados en casi 100 %).
«Buscamos fórmulas, por aquí, por allá, estamos encontrando alguna que puede ser muy exitosa, pero como ustedes saben, cualquier cosa que se anuncie con relación a eso, inmediatamente el mercado capitalista salvaje se lo traga, lo hace sal y agua», declaró Maduro recientemente. Por su parte, el sector privado desde hace rato ajusta sus tarifas al ritmo hiperinflacionario, un fenómeno que la Comisión de Finanzas del parlamento pretende frenar con una propuesta de indexación.
Willian Gil, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Poder Legislativo, sostiene que una de las prioridades es legislar sobre los servicios públicos.
En referencia al planteamiento de Maduro, Gil resalta que aunque no es competencia del parlamento fijar tarifas, el debate está abierto. Para él, una opción sería el establecimiento de aportes «de mantenimiento» para «los grandes consumidores», como industrias y centros comerciales.
Otro elemento importante es la sustentabilidad, «que tiene que ver con el cobro del servicio». Para ello plantean un «subsidio cruzado» al consumo residencial, que provenga del aporte de los mayores consumidores. «Que quién más consuma, más aporte. Así podríamos tener un subsidio para la familia, debido a la difícil situación en la que están los salarios, que han sido muy golpeados por este bloqueo criminal», puntualizó Gil.
La propuesta incluye un capítulo especial sobre el uso del recurso, y pretende delimitar lo concerniente a las aguas servidas, potables y de reúso, de manera que los organismos del Estado y el sector privado estén obligados a utilizar plantas potabilizadoras para crear, por ejemplo, ciclos para el mantenimiento de áreas verdes y labores de limpieza.
La ley también tendrá un capítulo educativo, con el fin de explicar el origen de la escasez del agua. Ese apartado también plantea el manejo eficiente de la temporada de lluvia, así como el resguardo de los acuíferos.
Culminamos la discusión y fué presentada a la junta directiva la nueva Ley de aguas para ser discutida próximamente en la plenaria. pic.twitter.com/Ow1e4AYIoN— Willian Gil (@WillianGil) May 12, 2021
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