Miguel Oyer contó que luego de hacer unas compras, el personal del local lo detuvo y le solicitaron ir al baño donde sacaron sus pertenencias, encontrando una lata de galletas vacía. De inmediato le preguntaron por qué no las había pagado; pero el joven le respondió que la compra la había hecho el pasado 12 de mayo sin tener algún sustento en el momento.
Seguridad solicitó a las cajeras que investigaran si era cierta esta compra, sin encontrar registro. Luego, dos funcionarios le pidieron la cédula, la fotografiaron junto al menor de edad y le solicitaron que se levantara la camisa.
“entonces dos funcionarios que estuvieron siempre presente me pidieron la cédula y la fotografiaron y al igual que a mí. Y el vigilante me dijo que me levantara la camisa…”
La denuncia
Este sábado, el menor de edad procedió a denunciar el hecho a través de su cuenta en Instagram, llamando la atención de ONG’s venezolanas y del Ministerio Público. El Fiscal General de la administración Maduro, Tarek William Saab expresó que iniciarán la investigación de la denuncia realizada por el adolescente que reveló ser objeto de maltratos por vigilantes en Traki que lo sometieron a vejaciones y humillaciones públicas.
#AHORA designado Fiscal 2do Regional con competencia en #DDHH ( Bolívar ) para que investigue #denuncia realizada por un adolescente que revela ser objeto de maltratos por vigilantes en Traki que lo sometieron a vejaciones y humillaciones públicas
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 16, 2021
La ONG Provea enfatizó que la acción de los trabajadores de Traki “constituiría un abuso de poder y daño a un menor de edad, con posibles secuelas psicológicas”.
Un joven venezolano de sólo 17 años fue sometido a humillación pública, trabajo forzoso y daño a su dignidad en un Traki, sin derecho a defensa.
Esto es degradante e ilegal. El @MinpublicoVE debe actuar, investigar y sancionar a los responsables. https://t.co/w1mOCT9mZ0
— PROVEA (@_Provea) May 16, 2021
De ser cierta la denuncia de Miguel, constituiría un abuso de poder y daño a un menor de edad, con posibles secuelas psicológicas.
Las autoridades deben investigar a los presuntos responsables y proteger a la víctima.
No a la impunidad.
— PROVEA (@_Provea) May 16, 2021
Normalizar este tipo de actuaciones (tanto públicas como privadas) genera más vulnerabilidad para los niños, niñas y adolescentes, en un país donde están en constante riesgo y afrontando penurias en sus condiciones de vida.
No a la normalización de los abusos.
— PROVEA (@_Provea) May 16, 2021
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