Familiares de los hombres apresados por extracción de material ferroso en mina de Ferrominera Orinoco en El Pao, municipio Piar del estado Bolívar, piden la liberación tras cumplir dos meses detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional.
Carmen Díaz, familiar de uno de los privados de libertad, pidió que sean liberados debido a que la extracción de chatarra era la forma que tenían de subsistir y generar ingresos para la compra de alimentos.
Los afectados fueron identificados como Robert José Villarroel Gutiérrez, Eugenio de Jesús Acuña, Eduard José Zanabria Figuera, José Manuel Ascanio Uribe y Fredy José Muñoz Maita, a quienes les incautaron cinco toneladas de material ferroso y equipos.
Los hombres fueron apresados a mediados de marzo mientras sacaban material ferroso en el lugar donde años atrás extraía mineral de hierro la Orinoco Mining Company, ahora Ferrominera Orinoco, pero donde hasta hace dos meses trabajaban mujeres, niños y hombres en busca de chatarra para su sustento.
El arresto en ese momento generó protestas y trancas en la entrada de la comunidad rural exigiendo la liberación de los cinco hombres. Pobladores que participaban en dicha labor argumentaban que la extracción se realizaba bajo la organización de los residentes, quienes trabajaban eran cabeza de familia obligados por la falta de oportunidades laborales.
En esta comunidad años atrás se vivía de la agricultura, las empresas básicas y del empleo que generaba San Félix, pero la paralización de las industrias, la escasez de combustible, la caída de la economía y el alto costo del pasaje no les permite que sigan desempeñándose en estas áreas.
Ante la nula actividad económica y las escasas fuentes de ingreso más de 400 personas de esta población, zonas aledañas y hasta San Félix, asistían a esta mina a extraer material. “El Pao es un pueblo muerto que lo que da es dolor”, sostuvo Díaz.
La mujer recriminó que, pese a la detención de los hombres, se sigue transportando chatarra desde otros puntos hasta el puerto de Guanta en el estado Anzoátegui, donde este material es exportado a otros países.
Sin trabajo
“Ya deberían soltarlos”, pidió Ana Uribe. Sostuvo que los afectados fueron engañados ya que pensaban que por las más de 400 personas que se dedicaban a esto y por la continua entrada y salida de camiones con material ferroso, no estaban cometiendo ningún delito.
Su hijo antes de dedicarse a la extracción de chatarra se dedicaba a la mecánica, pero la escasez de gasolina y los costos para mantener un carro mermaron su clientela y los trabajos de reparación. “Estaba sin trabajo, todo se ha puesto difícil”, dijo.
Uribe ha tenido que atender a su hijo con comida, insumos de higiene y de bioseguridad, debido a que en el comando donde está apresado no cuenta con estos recursos.
Funcionarios sabían
En 2018, a través del decreto N° 3.586, el Ejecutivo declaró los residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel o chatarra como “material estratégico”. Luego de eso, el 24 de febrero de 2021, Nicolás Maduro firmó el Decreto Estratégico de la Chatarra con la finalidad de ejecutar un proceso de reciclaje e invertir los recursos.
Sin embargo, pobladores han afirmado que, pese a los decretos, la comercialización de material ferroso en el estado se realizaba bajo el conocimiento de funcionarios de seguridad del Estado, quienes recibían dinero por el traslado de dicho material por los puntos de control en la entidad.
CDC
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