Se cumple un mes de la desaparición de tres mineros en el Bajo Caura, estado Bolívar. Familiares perdieron contacto con Dionisio Ramón Guzmán Bellorín, de 47 años de edad; y los hermanos Jhon Jairo Castellanos Báez, de 34 años de edad, y Jahir Castellanos Báez, 30 años de edad, cuando salieron de la mina El Kino.
Los ciudadanos se dirigían a la parroquia Guarataro, en el municipio Sucre, el pasado 8 de mayo, donde fueron detenidos en una alcabala en la vía controlada por el grupo indígena jivi. Los allegados de las víctimas atribuyen su desaparición a esta etnia. Sin embargo, las autoridades policiales no han esclarecido el caso.
El medio de comunicación regional Correo del Caroní conversó con los familiares de las víctimas, quienes aseguraron que ya han puesto la denuncia ante la Alcaldía del municipio Sucre y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pero aún no obtienen respuesta.
“En la morgue tampoco están. Nos dicen que están muertos, pero ¿dónde están los cuerpos? Es lo que queremos saber, necesitamos apoyo. Ya se colocó la denuncia por varias partes, estamos a la expectativa”, expresó María Fernanda Báez, madre de los hermanos Castellanos, al medio de comunicación.
La ONG Fundaredes, dedicada a denunciar y documentar el conflicto armado que se registra en las fronteras de Venezuela, denunció que las desapariciones en las zonas mineras se repiten frecuentemente. Es por eso que exhortó a las autoridades a investigar el caso de los tres mineros desaparecidos.
“Exigimos se investigue y se frene la ola de violencia a causa del extractivismo ilegal”, dice la organización civil en su cuenta de Twitter.
Hoy #8Jun se cumple un mes de las desapariciones de 3 mineros en el estado Bolívar. Desde @FundaREDES_ levantamos la voz para que esta situación sea investigada, ya que estos hechos se repiten a diario. pic.twitter.com/HMeVz0rVVp
— FundaREDES (@FundaREDES_) June 8, 2021
El pasado 29 de abril de este año se conoció el asesinato de cuatro personas en el Bajo Caura. Entre los fallecidos se encontraba el capitán del pueblo indígena jivi, Nelson Martín Pérez Rodríguez, de 30 años de edad.
Las personas fueron asesinadas en la mina El Silencio, en el municipio Sucre, por parte de un grupo irregular no identificado que opera en la zona, según la información oficial.
Hasta el momento, autoridades policiales y judiciales no se han pronunciado sobre el caso.
Seis miembros de una familia desaparecidos en una mina
El 30 de abril de 2021, Tibisay Tirado, coordinadora de Fundaredes en el estado Bolívar, denunció ante el Ministerio Público la desaparición de seis miembros de una familia, entre ellos dos menores de edad, que se encontraban en las minas de Payapar. Esa zona está dominada por la violencia que ejercen grupos irregulares armados.
Tirado exigió la investigación por la desaparición de Yunaiker Piñero, Anis Sánchez, Katiuska Cedeño y Alcides Cedeño, así como los menores de edad David Piñero y Orleanis Piñero, procedentes de San Antonio de los Altos, estado Miranda.
El caso aún no ha sido esclarecido por las autoridades competentes.
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| La minería ilegal es uno de los principales ingresos económicos de la entidad |
Asesinato de dos mujeres en El Callao
Dos mujeres fueron encontradas sin vida detrás de una vivienda en el sector minero La Iguana, en El Callao, (Bolívar) el pasado martes 1° de junio. Estos asesinatos han generado conmoción en la localidad y en las redes sociales luego de que se conoció que el 24 de mayo una de las víctimas participó en una protesta antigubernamental en la comunidad.
Dorialcely Tocuyo, de 29 años de edad, reclamó al alcalde de El Callao, Alberto Hurtado, la falta de recursos para la población. Sus exigencias quedaron grabadas en video. Los habitantes denunciaban que los comerciantes no aceptaban los billetes de 50.000 bolívares.
“Si no me mata el covid, me va a matar el hambre. Mi familia no tiene qué comer. Que salga y nos escuche!”, fue parte de lo que dijo Tocuyo frente a un contingente policial y en compañía de otros pobladores.
La mujer hizo señalamientos en contra del alcalde del municipio. Lo acusó de no escuchar los reclamos de los ciudadanos y de ser presuntamente cómplice en una red de prostitución.
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| Izquierda Dorialcely Tocuyo. Derecha Martha Aaristizábal |
En medio de la protesta, la madre de cuatro niños advirtió que si algo le ocurría sería responsabilidad del alcalde. “Aquí hay bastantes cámaras, si me matan fue él. Prefiero que me maten a que mis chamos pidan comida y yo no tenga para darles”, aseveró.
Curva de violencia en el estado Bolívar.
La ONG Fundaredes registró un aumento de 12% en las cifras de homicidios y enfrentamientos armados durante el mes de mayo con respecto al mes de abril.
Javier Tarazona, director de la ONG, informó mediante un comunicado que la organización documentó 110 homicidios, 29 desapariciones y 38 enfrentamientos armados en todo el territorio fronterizo del país. En las cifras de abril se registraron 99 asesinatos.
El estado Bolívar es el segundo con más asesinatos registrados por Fundaredes con un total de 26 homicidios durante el mes de mayo; mientras que Zulia encabeza la lista de las entidades fronterizas con mayor índice de violencia, registrando un total de 56 asesinatos. Táchira se ubica en el tercer lugar con 11 homicidios.
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| En el estado Bolívar se registran delitos como asesinatos, secuestros o desapariciones, enfrentamientos armados, extorsión, prostitución y trabajo forzado entre otros |
En el informe Curva de la Violencia de Fundaredes explican que hubo un incremento de 26,23% durante el primer trimestre de 2020, en comparación con las cifras durante el mismo periodo del año 2020. El informe registró 77 desapariciones y secuestros. El estado Bolívar encabeza la lista con un total de 25 desapariciones durante los primeros tres meses de este año.
El estado Bolívar se encuentra sumido en una espiral de violencia generada por las mafias de la minería ilegal y los grupos irregulares armados que hacen vida en las zonas mineras. Los habitantes conviven con el miedo mientras que la falta de oportunidades laborales los lleva a ser víctimas de trabajo forzoso, esclavitud moderna, asesinatos, secuestros o desapariciones.
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