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Desapariciones forzadas vinculadas a la minería tienen lugar en el estado Bolívar



Aunque lo común es hablar de la lucha por el control y permanencia en las minas del sur del estado, desde el año 2016, aproximadamente, han cobrado mucha fuerza las denuncias por las desapariciones de personas. Desde esa fecha y hasta el 2020, se habían contabilizado al menos 100 desapariciones. Aunque la cifra pueda parecer pequeña frente a las de otros sucesos, resulta importante comprender que solamente el 25% de estas ausencias prolongadas son denunciadas. “Uno no sabe por dónde empezar a buscar. Tampoco vamos a la policía porque ellos preguntan cosas que si uno supiera los buscara uno mismo o te dicen que se los tragó la mina”, señaló Edilia Rodríguez, familiar de una víctima de desaparición.

Además de mineros artesanales, que representan aproximadamente el 50% de los desaparecidos, cualquier persona ligada a las actividades conexas a la extractivista es una potencial víctima. Tal fue el caso de los comerciantes de gas doméstico Liliana Castro y José Ron, quienes en abril de este año salieron a Maramas, municipio El Callao, a vender dos cilindros del preciado combustible. Después de concretar la venta, llamaron a sus familiares para anunciar el retorno; sin embargo, jamás llegaron a su destino. Hasta ahora, no se tiene información alguna de su paradero.

Por iguales circunstancias, desde la Coordinación de FunRedes en el estado Bolívar se han realizado reiteradas denuncias ante el Ministerio Público exigiendo se lleven a cabo las investigaciones necesarias para localizar a los hermanos Jhon Jairo y Yair García, quienes, junto a Dionisio Guzmán, viajaron al sur de la entidad con la esperanza de hallar bonanza en las minas y desde hace poco más de un mes no se sabe de ellos.

La vocera señaló que en los datos documentados se tiene registro de que el 8 de mayo las víctimas salieron de la mina El Kino y, en la segunda alcabala, la cual es manejada por indígenas de la etnia Jivi, desaparecieron. Acotó que de estos puntos de control ilegales existen varios en la zona minera, donde los grupos irregulares someten, amenazan y extorsionan a la población, incluso con la participación de algunos indígenas que han sido reclutados para estas organizaciones criminales.

Igualmente recordó que el 31 de mayo se cumplieron cinco meses de la desaparición de Henry Linares, quien fue visto por última vez en la sierra de Imataca, también en Bolívar, donde trabajaba en una de las minas del sector, y luego de comunicarse con su hermana no se tuvieron más noticias de él.

Incomunicados

Después de seis meses sin tener noticia alguna sobre ellos, María Moceta y su pareja fueron declarados desaparecidos; para alegría de familiares y amigos, después de esos meses volvieron a casa. A su regreso expresaron que “no habían podido comunicarse con ellos porque quienes tienen el control del yacimiento no le permitían utilizar el teléfono hasta que terminara el trabajo acordado, y el irrespeto a las normas impuestas por los sindicatos se paga con la vida”.

De acuerdo con el monitoreo de un colectivo independiente de periodistas en alianza con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), la cifra de personas desaparecidas vinculadas a la minería entre 2019 y 2020 ascendió, en un año, de 70 a 82 personas.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnuddhh) afirmó que las dinámicas del modelo económico extractivista aurífero implica quedar en medio del enfrentamiento armado entre grupos irregulares que imponen su voluntad. A base de torturas, desapariciones, asesinatos a mansalva y esclavitud forzada, mantienen en zozobra a los pueblos mineros, grupos guerrilleros extranjeros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y cuerpos de seguridad militares y civiles como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), por cuyo accionar las ejecuciones extrajudiciales en la zona también están a la orden del día y también facilitan la entrada de guerrillas en el territorio.

Desde el OVV Bolívar reconocemos que las desapariciones forzadas son una violación grave a los derechos fundamentales del hombre, y exhortamos al Estado a cumplir con su obligación de prevenir, sancionar y reparar tanto a las víctimas como a sus familiares.

OVV-

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