El exministro de Comunicación, Andrés Izarra, artífice de la estrategia de la hegemonía comunicacional implementada a partir del año 2002 en Venezuela y la exgobernadora de Portuguesa, Antonia Muñoz, son los nombres más conocidos de una lista de 104 dirigentes venezolanos vinculados al gobierno de Hugo Chávez, que mediante un manifiesto titulado Luchemos por la Vida, marcan su distanciamiento de Nicolás Maduro y dejan clara su intención de articular un movimiento político de alcance nacional.
En primera instancia, se proponen recorrer el país, fomentar la participación en las elecciones regionales y promover la activación de un referendo revocatorio –a partir del 10 de enero de 2022– para propiciar un cambio político en Venezuela.
Los dirigentes alzan su voz contra las violaciones de derechos humanos, las detenciones arbitrarias y los discursos de odio, y abogan por la reconciliación y el diálogo, pero dejan claro que también rechazan a la dirigencia y las estrategias de la oposición venezolana tradicional por considerar que han obstaculizado la posibilidad de soluciones con la mentalidad del “todo o nada” y han afectado directamente a la población al fomentar la imposición de sanciones internacionales. En cambio llaman a los sectores moderados “de cada bando” para hacer presión y lograr el cese de posturas extremistas.
Entre el centenar de firmantes no solo hay exministros y exgobernadores, sino también exconcejales, exdiputados, exalcades, militares retirados y exfuncionarios de distinto rango en empresas públicas, vinculados en su momento al MVR, al PSUV o a sus partidos aliados.
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