En su tercer informe dedican un capítulo extenso y detallado sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en el marco de la minería ilegal. La documentación apunta a que en muchos de los locales donde se ejerce la prostitución esclavizan a niñas y adolescentes indígenas cada vez de menor edad.
Según el testimonio de un hombre que trabajó en varias minas en el municipio Sifontes, entre 2016 y 2017, había trabajadoras sexuales en todas las minas, incluyendo niñas de unos 12 años en adelante.
Otro testigo que trabajó en las minas de San Luis de Morichal, entre mayo y julio de 2018, afirma haber visto por lo menos 25 menores trabajando en las “currutelas”, como llaman a los burdeles de las minas.
Según el testimonio de una mujer que trabajó en una mina en Las Claritas, en la mina había una señora apodada “La Abuela” que obligaba a ejercer la prostitución a niñas de entre 11 y 13 años, los mineros vejaban a las niñas insultándolas y golpeándolas.
La entrevistas e información recabada por la misión, que tiene un alto estándar de prueba, confirman lo que ya revelaban investigaciones periodísticas y organizaciones de la sociedad civil como el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap).
Cecodap documentó que, en el barrio de Vista al Sol, en San Félix, niñas y adolescentes se van a las minas a sabiendas de que realizarán actos sexuales y sus familias lo ven como algo normal y hasta lo apoyan por la necesidad financiera que están enfrentando.
Red de trata
“Una investigadora documentó el caso de una adolescente de 16 años que se fue a Santa Elena de Uairén con engaños para cuidar de otros niños, pero que llegando al lugar la pusieron a ofrecer servicios sexuales”, dice el informe.
En otro apartado se lee: “Un minero que trabajaba en la mina La Ramona cerca de Tumeremo, en 2017, explicó a una ONG que los fines de semana en la mina se organizaban fiestas donde se rifaba la virginidad de niñas (…) Él también habló que se ofrecían niños también, según el interés sexual del minero”.
Entre octubre y noviembre de 2016, en Santa Elena de Uairén, municipio de Gran Sabana, cerca del lugar conocido como Las Cuatro Esquinas, un operativo conjunto de la Guardia Territorial indígena, la GNB, la Policía Estatal y otros cuerpos del Estado encargados de la proteción de niños y niñas en la que identificaron a 43 mujeres y niñas que estaban ejerciendo la prostitución en la calle.
Uno de los funcionarios que estuvo presente le indicó a la misión que ocho eran niñas de entre 13 y 16 años de edad. Entre ellas dos hermanas de 14 años y 16 años, originarias de Maturín, estado Monagas, que habían viajado a Santa Elena de Uairén porque les habían ofrecido trabajo como empleadas domésticas.
“Sobre la base de los testimonios recabados, la misión tiene indicios que apuntan a una situación de explotación sexual de niñas y adolescentes en las zonas mineras en el estado Bolívar. La misión también encontró indicios de captación y traslado de menores de edad para ser explotados en el contexto de las minas que son elementos constitutivos de la trata infantil”, señala.
Agregan que se requiere mayor investigación sobre la existencia y modo de operar de las supuestas redes de trata en el estado Bolívar.
Reportan además la presunta participación de funcionarios de la Fanb en violencia sexual: “En julio de 2018, en la alcabala Casa Blanca, ubicada en la intersección entre la Troncal 10 y la carretera hacia San Martín de Turumbán, al norte del municipio de Gran Sabana, un testigo vio que un militar detuvo a una adolescente de no más de 15 años, le revisó el monedero y le hizo avances sexuales. El oficial rehusó devolverle su cédula hasta que la niña no le diera su número de teléfono”.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) también ha documentado casos en los que miembros de las fuerzas de seguridad se negaron a devolver la documentación a mujeres y niñas, impidiéndoles continuar su camino, si no accedían a realizar actos sexuales.
Una investigadora habló con siete mujeres venezolanas en países fronterizos con Venezuela que afirmaron que cuando cruzaron la frontera venezolana en 2020 fueron detenidas por hombres armados patrullando las trochas fronterizas y las obligaron a mantener relaciones sexuales con ellos bajo amenaza de muerte o de no dejarlas proseguir.
Una mujer transgénero venezolana también relató a la misión que, a finales de diciembre de 2020, intentó cruzar la frontera oficial, pero no pudo hacerlo porque un oficial de las fuerzas armadas le exigió el pago de un soborno. Luego, al irse por una trocha, se encontró con uno de los integrantes de un grupo armado criminal que la obligó a realizarle un acto sexual a cambio de que la dejara pasar.
Castigos corporales
Las organizaciones criminales someten a las mujeres a agresiones de diferente índole. Una de las prácticas es hacerles cortes en la cara o cortarles las orejas con el objetivo de marcarlas como “las desechadas”. Este castigo se inflinge a aquellas que violan alguna de las reglas que rigen la vida en la minería o por haber enojado a algún miembro del sindicato.
La explotación sexual tanto a mujeres como a niñas ha provocado un aumento de las tasas de ETS (enfermedades de transmisión sexual) y en particular el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Otra consecuencia son las altas tasas de embarazos adolescentes. Varias personas entrevistadas por la misión que estuvieron en minas en El Callao, Las Claritas y Tumeremo, vieron numerosas niñas de entre 12 años y 17 años embarazadas o con niños.
La misión también identifica cuáles son los grupos armados que operan en las zonas mineras y los vínculos que tienen con el gobierno venezolano.
Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo
Lea el informe completo aquí.
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