Las sanciones que Estados Unidos impuso a allegados al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es algo que "estaba cantado", dijo este sábado el sandinista disidente Edmundo Jarquín.
"La historia de las sanciones contra el régimen de Ortega no es de ahora", señaló Jarquín, excandidato a la Presidencia de Nicaragua y que fue embajador en España y México durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), en un programa de la emisora de radio La Corporación.
Hace dos semanas, Washington anunció nuevas sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas, y a Laureano Ortega Murillo, hijo del mandatario y de la vicepresidente Rosario Murillo.
El asesor presidencial estadounidense, John Bolton, dijo entonces que irían "por los bolsillos de la familia de Ortega".
Desde que estalló la actual crisis que vive el país, el 18 de abril de 2018, hasta ahora, Washington ha sancionado a Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del mandatario, así como al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo; y otros tres funcionarios de confianza de la pareja presidencial.
Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados y el BanCorp en Estados Unidos o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses.
Jarquín recordó que en noviembre de 2008 Washington suspendió el programa de ayuda estadounidense Cuenta Reto del Milenio, por unos 62 millones de dólares, por las dudas sobre la transparencia de unos comicios municipales, en los que la oposición denunció fraude de los sandinistas en al menos 40 de las 153 alcaldías del país, incluido Managua.
"Si entonces, cuando el perfil autoritario del régimen de Ortega era, por así decirlo, naciente, ya hubo sanciones de la comunidad internacional, ¿qué decir después de la matanza, heridos, presos y exiliados, desde abril de 2018?", razonó.
El Gobierno de Nicaragua demandó este viernes a Estados Unidos suspender la "Nica Act", una ley que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Ortega, además de limitar el acceso a préstamos internacionales como los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.
La "Nica Act" sería suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones "libres, justas y transparentes", de acuerdo con el texto de la legislación.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, aclaró que el interés del Gobierno no es que se gestione la suspensión de "sanciones que tienen que ver con personas específicas, con funcionarios de Gobierno, sanciones personales", sino las que afectan al Estado y al pueblo nicaragüense.
A juicio de Jarquín, las sanciones a Ortega "no han importado cuando afectan al pueblo", solo ahora "que son individuales".
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
EFE / RA
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