Este jueves continúan en la sede de la Organización de Estados Americanos, en la ciudad de Washington, las sesiones para determinar si funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En esta oportunidad la primera venezolana que dio su testimonio fue Kerling Sánchez, esposa del teniente coronel Ruperto Sánchez, recluido en la cárcel de presos comunes La Pica, acusado de un supuesto golpe de Estado.
Sánchez explicó que a su esposo se le acusó de instigación a la rebelión militar, de golpista y traidor por supuestamente querer bombear el Palacio de Miraflores y otras instituciones del Estado “con dos aviones tucanos”. Fue sentenciado junto a nueve personas más y se les acusó de haber sido financiados por el gobierno de Estados Unidos.
La esposa de del teniente coronel detalló que el dirigente del PSUV Diosdado Cabello responsabilizó a su esposo de esta operación que el gobierno la llamó “Jericó” y a otras dos personas más que eran un cajero de banco y un taxista. Agregó que “luego de detener a mi esposo Maduro lo tildó de traidor e incitador del odio”.
“La causa de mi esposo no tiene sentencia firme. Los abogados están haciendo una apelación ante la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia y estamos esperando su respuesta”, detalló.
Según Kerling Sánchez, el gobierno pagó a testigos para que dijeran que los militares involucrados en la Operación Jericó se habrían reunido dos veces de manera conspirativa “para bombardear con unos aviones tucanos el palacio de Miraflores. Sin embargo, en el juicio la misma fiscalía llevó a expertos para que dijeran si era posible que unos militares pudieran agarrar la artillería que estaba en otro lugar diferente a donde estaban los aviones, cargar los aviones y sacar los aviones de una base militar sin autorización para cometer estos delitos. Esto era imposible”, explicó.
En este sentido detalló que se realizó un juicio express en el que fueron promovidos 96 testigos por la fiscalía, pero a los militares no les permitieron llevar a ningún testigo durante el juicio. “Que en este momento haya oficiales presos es para mandar un aviso a toda la oficialidad que se encuentran dentro de las bases para que se vean reflejados si alguien se opone al gobierno”, denunció Sánchez.
La esposa del teniente coronel explicó que luego de celebrarse un juicio express fue condenado a 7 años y 3 meses de prisión, pena que debe pagar en el anexo militar de la Pica, estado Monagas.
“Es duro que para que mi hija menor de edad pueda entrar a ver a su papá tenga yo que levantar su camisa, quitar su pantalón y mostrar su cuerpo por delante y por detrás” denunció Sánchez.
Por último informó que su esposo fue diagnosticado con cáncer linfático y se les ha hecho difícil a los familiares pasarle los medicamentos para su tratamiento médico.Sobre los 3 años y medio de prisión de su marido aseguró que “solamente les quiero decir que esto es una herida que se abre, que nunca se cierra y que a veces sangra y que siempre está ahí, latente”. NP
EA
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