El Gobierno brasileño anuló hoy el nombramiento de la diputada Cristiane Brasil como ministra del Trabajo, cuya investidura fue impedida por la Justicia pues había sido condenada en juicios sobre violaciones de normas laborales.
La decisión fue oficializada mediante un decreto publicado hoy en el Diario Oficial, que deja sin efecto el anuncio hecho el pasado 3 de enero por el Gobierno del presidente Michel Temer.
El nombramiento de Brasil como ministra de Trabajo desató de inmediato una fuerte polémica, pues la diputada había sido procesada en 2016 por haber tenido dos conductores a su servicio sin contratos formales ni las garantías laborales de ley y condenada a indemnizar a uno de ellos.
Su investidura como ministra fue suspendida por tribunales que aceptaron demandas de diversas organizaciones civiles, pero luego fue liberada por el Superior Tribunal de Justicia y posteriormente suspendida en forma cautelar por la Corte Suprema.
En medio de la polémica, también surgieron sospechas de que la diputada, en la campaña que la llevó a obtener su escaño, en 2014, habría incurrido en diversas irregulares de naturaleza electoral, y también una investigación por supuesta asociación al narcotráfico.
En ese caso, según investigaciones que adelanta la Fiscalía, es sospechosa de haber pagado a narcotraficantes que dominan favelas de Río de Janeiro para que facilitaran sus actividades proselitistas en esas zonas, durante la misma campaña electoral.
Brasil ha negado todas las acusaciones, pero aún así el Supremo mantuvo suspendido su nombramiento como ministra, que finalmente el Gobierno anuló, a pesar de que había anunciado que se enzarzaría en una "batalla jurídica" por mantenerlo.
Antes del nombramiento de Brasil, la cartera de Trabajo estaba dirigida por Ronaldo Nogueira, quien renunció para concentrarse en la campaña para su reelección como diputado en los comicios que se celebrarán en octubre próximo.
Según la legislación brasileña, todo político que ocupe un puesto en la administración pública y aspire a postularse a un cargo electivo debe renunciar seis meses antes de los comicios, lo que en este caso lleva el límite para la dimisión al próximo 7 de abril.
Hasta ahora, por esas normas, Temer ya ha perdido 4 de sus 28 ministros desde fines del año pasado.
Según los cálculos del propio Gobierno, otros 14 ministros podrían renunciar en las próximas semanas para aspirar a algún cargo en octubre, cuando serán elegidos un nuevo presidente y 27 gobernadores y se renovarán las cámaras legislativas. EFE / RA
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