Dos femicidios marcaron el comienzo del mes de julio de 2018 en el estado Bolívar, sumándose a la lista de 12 que el Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género (Ovaceg), dirigido por la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía (Codehciu), contabilizó entre enero y junio de este año.
El asesinato de la educadora Ghyone Arnod se registró el 3 de julio, a las 6 de la mañana, en Upata.
Arnod murió con tres puñaladas en su vivienda, ubicada en el sector San Rafael de Upata, municipio Piar. 39 años de edad, era directora del Centro de Formación Permanente Piar; salía de su casa para ir al trabajo cuando una banda de delincuentes la emboscaron para robarla.
En el forcejeo, y sin piedad, la asesinaron con tres impactos de arma blanca.
La prensa regional reseñó que, mientras Arnod se desangraba, los malhechores maniataron al resto de habitantes del inmueble –una mujer y un niño- para robarles objetos de valor dentro de la vivienda, luego aprovecharon el carro de la docente asesinada para la huida.
El otro femicidio ocurrió la noche del 2 de julio en el sector Los Olivos de Puerto Ordaz, municipio Caroní del estado Bolívar. Eran las 9:00 de la noche cuando acribillaron a Ariannys Cristal Villamizar Godoy, de 18 años, con más de tres impactos de arma de fuego.
Las autoridades descartan el “robo” como móvil del crimen pues la víctima contaba con todas sus pertenencias. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) estudia la posibilidad de “ajuste de cuentas” como causa del femicidio.
Mujer desmembrada
En el primer informe de Codehciu, emitido el mes pasado, mayo resultó tener más casos de femicidios, agrupando a cuatro de los 12 crímenes que sucedieron en los primeros seis meses del año. A este conteo recientemente se incorporó un crimen más, el femicidio de Marisol Del Valle Blanco, quien estaba desaparecida desde el 20 de mayo.
Tras estar un mes desaparecida, el anuncio de búsqueda cerró el 29 de junio. El Cicpc dio con el cadáver de Marisol desmembrado dentro de varias bolsas plásticas que estaban escondidas en tierras cercanas a la casa de su expareja, ubicada en El Llanito, San Félix.
Aunque la policía científica apuntó como móvil “crimen pasional” debido a la presunta existencia de una amenaza de muerte por celos, el crimen obedece a un femicidio directo.
El Ovaceg y Codehciu exhortan a las autoridades regionales a investigar y esclarecer todos los femicidios registrados en lo que va de 2018, pues de 15, solo dos han sido resueltos por el Estado venezolano, pero se desconoce el estatus de los juicios de los implicados.
De acuerdo a varias organizaciones no gubernamentales, en Venezuela la tasa de impunidad en homicidios es de más del 90%. La impunidad ocurre en el contexto más violento de la región: Venezuela fue calificada en 2017 como el país con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica, de acuerdo al estudio de la organización internacional Insight Crime, con una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Codehciu y Ovaceg exigen al Cicpc y al Ministerio Público de la región Guayana reducir los índices de impunidad en la zona y, además, cumplir con la investigación diferenciada, referida a “la investigación penal que incluye la perspectiva de género, para identificar elementos de dolo específico basado en razones de género, como el odio y/o desprecio por las mujeres; e, identificar elementos que pudieran presentarse antes, durante o después del asesinato de la mujer, que permitan señalar razones de género como móvil”, que establece el Protocolo Latinoamericano de Investigación de la Relatoría Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer.
Los organismos deben cumplir también con la “debida diligencia”, definida en el mismo protocolo, que es un “estándar internacional que obliga al Estado a adoptar medidas holísticas y sostenibles para prevenir, proteger, sancionar y reparar actos de violencia contra la mujer. (…) impone a los Estados establecer medidas efectivas de prevención, protección, sanción y reparación para cada caso de violencia”.
El Ovaceg permanece alerta para documentar los femicidios ocurridos en la región y para exigir justicia para estos crímenes. (Con información de Prensa Codehciu)
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