Un grupo de 50 manifestantes antigubernamentales fueron excarcelados en Nicaragua este viernes por decisión del Gobierno de Daniel Ortega, mientras la oposición se prepara para marchar a favor de la liberación de todos los "presos políticos", a pesar de la prohibición de la Policía.
En un comunicado, el Ministerio de Gobernación informó sobre la excarcelación de 50 manifestantes opositores que quedaron bajo libertad condicional, en medio de la crisis que vive el país desde abril pasado.
Según las autoridades, esas personas "se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública" y ahora recibieron "el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares".
Los excarcelados salieron a bordo de microbuses de la cárcel de máxima seguridad, conocida como "La Modelo", bajo la custodia de autoridades del Sistema Penitenciario Nacional y en medio de la emoción de sus familiares que estaban en las afueras, según constató Efe.
"Viva Nicaragua libre", "Libertad a nuestros hermanos presos políticos", "No son delincuentes", gritaban, entre otros, familiares y ciudadanos que se apostaron sobre las vías de Managua por donde transitaban los microbuses que transportaban a los excarcelados.
La escena se repitió por los lugares en que pasaba la caravana de microbuses, donde aguardaba la gente con banderas de Nicaragua, uno de los símbolos de las protestas contra el Gobierno de Ortega.
La estudiante Yaritza Rostrán, una de las excarceladas, agradeció al pueblo nicaragüense "por no rendirse".
"Lo primero que quiero decir es gracias al pueblo de Nicaragua, gracias por no rendirse, por seguir luchando por nosotras", dijo a los periodistas la estudiante, quien fue una de las cuatro mujeres que hicieron huelga de hambre en días recientes.
Rostrán, de 25 años, afirmó que los "prisioneros políticos" lo que más anhelan en la cárcel es "que el pueblo no se rinda, que el pueblo siga la lucha, que no desfallezca".
"Nosotros no nos hemos rendido, no nos rendimos en las cárceles y no nos vamos a rendir en ningún otra parte", agregó.
La opositora Alianza Cívica, contraparte del Gobierno en las negociaciones, calificó como "insuficiente" la excarcelación de los 50 manifestantes.
"No llena las expectativas que nosotros nos habíamos planteado para que fuera una cantidad apreciable. En otras palabras, no nos satisface en absoluto", señaló en rueda de prensa el político y abogado José Pallais, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica.
Pallais dijo que en la décima ronda de negociaciones, aunque no es un tema de agenda, plantearon a los delegados del Gobierno la necesidad de excarcelar a un número mayor, con el fin de que la población confíe en las conversaciones y enviar señales al exterior "que impidan el deterioro económico de la nación".
El diputado Wilfredo Navarro, uno de los negociadores del Gobierno en la mesa con la Alianza Cívica, dijo que hasta ahora suman 188 los manifestantes que gozan de libertad condicional y explicó que el tema de la excarcelación lo verán primero "con las autoridades correspondientes".
Por otro lado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco mantuvo para este sábado su convocatoria a una manifestación a favor de la liberación los "presos políticos", a pesar de que la Policía no la autorizó.
Ese grupo opositor pidió al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y al enviado especial de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla, que intercedan para que el Gobierno respete el derecho a la libre movilización porque está consignado en la Constitución.
El nuncio apostólico y Rosadilla participan como testigo y acompañante, el primero, y como invitado, el segundo, en las negociaciones.
La convocatoria de la Unidad Nacional tiene como fin presionar para que el Gobierno libere de forma "incondicional y absoluta" a cientos de personas arrestadas por participar en protestas contra Ortega.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
EFE / RA
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