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La oposición suspende marcha y protesta con "piquetes express" contra Ortega

Upata Digital | 6:49 p.m. | 0 comentarios

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua pospuso una movilización prevista para este sábado como parte de una "nueva fase de resistencia cívica" contra el Gobierno de Daniel Ortega, luego de que la Policía Nacional no autorizara la marcha.

La oposición suspende marcha y protesta con "piquetes express" contra Ortega

En lugar de la movilización, la Unidad Nacional organizó una jornada de "piquetes express", así como de "pitazo y cacerolazo", en medio de un fuerte despliegue policial, principalmente en Managua.

Pequeños grupos de manifestantes antigubernamentales lanzaron globos y papelillos azul y blanco, los colores de la bandera de Nicaragua, en protesta contra el presidente Ortega, al que responsabilizan de la crisis.

Los manifestantes lanzaron en calles de Managua los globos y papelillos desde sus vehículos para evitar ser detenidos por policías, que se desplegaron por las principales avenidas, rotondas, centro comerciales y universidades de la capital, según constató Efe en un recorrido.

Otro grupo de manifestantes ondearon la bandera de Nicaragua, símbolo de la protesta contra Ortega, en el estacionamiento de un supermercado donde gritaron "Viva Nicaragua libre", "Abajo la dictadura" y "Libertad para los presos políticos".

"De que se van, se van", clamaron en coro los manifestantes, en referencia a la demanda de diversos sectores que piden la dimisión del presidente Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Algunos conductores de vehículos que pasaron por el lugar de los denominados "piquetes express" saludaron a los manifestantes y tocaron las bocinas.

La Unidad Nacional había convocado a una movilización, sin embargo, cambió la modalidad de la protesta debido a que la Policía Nacional no autorizó la marcha.

Violeta Granera, directiva de ese movimiento opositor, explicó que tuvieron que cambiar la modalidad de protesta "ante la imposición de un Estado de excepción que limita la libre movilización ciudadana", y por un sentido de responsabilidad, ya que "este régimen es capaz junto a su ente policial, paramilitar y operadores políticos" de amenazar la vida de las personas.

La Policía de Nicaragua decidió "no autorizar" esa movilización pública bajo el argumento que la Unidad Nacional Azul y Blanco no tiene personalidad jurídica, y porque ese movimiento opositor ha estado "involucrado en las graves alteraciones al orden público ocurridas durante los últimos tres fines de semana" en un centro comercial de Managua.

Durante la jornada, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que si no alcanzan acuerdos para superar la crisis no podrán detener la caída de la economía ni las sanciones internacionales contra el Ejecutivo.

Aguerri, que es uno de los negociadores de la opositora Alianza Cívica en las conversaciones con el Gobierno, observó que Nicaragua vive una "crisis de confianza" que terminará empujando al abismo la economía, que se verá agudizada por la posible aplicación de nuevas sanciones internacionales.

El Ejército de Nicaragua, por su lado, abogó por alcanzar "consensos necesarios como única ruta para la búsqueda de soluciones" a la crisis.

El Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia concluyeron el miércoles pasado la mesa de negociación sin consenso en los temas de justicia y democratización, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.

Sobre Nicaragua penden sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra el presidente Ortega y sus allegados.

Además, el Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. EFE

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