La inmigración y el cambio climático son dos de las cuestiones que más polarizan el debate político en Australia y que el nuevo gobierno que salga de las elecciones del próximo sábado deberá abordar ante una creciente presión ciudadana.
Durante la última década, la política energética ha sido el talón de Aquiles de los sucesivos gobiernos laboristas y conservadores en el país oceánico, importante exportador de carbón y uno de los que siente con más fuerza los efectos del calentamiento global.
El año pasado fue su tercero más caluroso desde que hay registros y su región suroriental padece la peor sequía del último siglo, mientras uno de sus principales patrimonios naturales, la Gran Barrera de Arrecife, se recupera de dos episodios seguidos de blanqueo que causaron una mortalidad en masa de sus corales.
Esto hace que los australianos sean los que están más preocupados por el cambio climático -un 44 por ciento de sus ciudadanos frente a una media global del 37 por ciento- y que hayan aumentado las movilizaciones para exigir acciones.
El gobierno de Scott Morrison, candidato a la reelección por la coalición Liberal-Nacional, propuso reducir entre un 26 y un 28 por ciento las emisiones de gases en 2030 con respecto a los niveles de 2005, objetivo que el independiente Consejo del Clima descarta que se cumpla.
Morrison, que siendo Tesorero compareció en el Parlamento con un trozo de carbón para defender su uso para generar electricidad, ha promovido un sistema de incentivos para reducir unas emisiones que los expertos cuestionan.
"La emisión de gases contaminantes aumenta de forma constante desde 2013 (año de la vuelta de los conservadores al poder)", según dijo a Efe el director del Instituto del Cambio Climático, Mark Howden, que aseguró que la actual política de generación energética "no funciona".
El Partido Laborista, que encabeza las encuestas, ha respondido con una propuesta para elevar la reducción al 45 por ciento de las emisiones en la próxima década y promover el uso de vehículos eléctricos.
La formación, liderada por Bill Shorten, ha evitado en cambio recuperar el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono introducido en 2012, que fue duramente criticado por los conservadores, pese a que había sido aceptado por las grandes empresas y que acabó contribuyendo a la caída del último gobierno laborista.
EFE / MV
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