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Friosa gano fallo en Tribunales de la Haya

Foto Archivo



El Tribunal Arbitral en la Haya fallo a favor de Serafín García Armas por la expropiación ilegal de sus compañías y condeno a Venezuela a pagar más de 366 millones de dólares americanos. La información está contenida en un boletín emanado de la oficina del empresario, integrante de una familia (los hermanos García) con más treinta años de trabajo en Guayana en el ramo de los alimentos y la educación.

Un poco de historia

El pasado 26 de abril, un Tribunal Arbitral internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (Holanda) condeno a Venezuela a pagar aproximadamente 366 millones en favor de Serafìn Garcìa Armas y su hija Karina Garcìa Gruber, propietarios de Alimentos Friosa, C.A y transporte Dole, C.A en concepto de indemnización por la expropiación ilegal de estas compañías que tuvo lugar en 2010.

Agrega el relato del caso que “el reclamo fue iniciado por el empresario García Armas y la Señora García Gruber en el año 2012, invocando el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Venezuela y el Reino de España de 1995. El reclamo se basó en su inversión en Alimentos Y Transporte, empresas que operaban en el sector de la importación y distribución de alimentos en Venezuela y que en mayo de 2010 cuyas instalaciones fueron ocupadas y sus inventarios decomisados por funcionarios de la antigua Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).

La Intervención de las compañías de la familia García Armas (que también incluyo al Frigorífico Ordaz, S.A. Propiedad de otros miembros de la familia y respecto del cual tramitan dos arbitrajes separados) tuvo lugar en el marco de una serie de inspecciones realizadas por el Indepabis en mayo de 2010 a varias empresas en el sector alimenticio.

En el caso de Alimentos Friosa y Transporte Dole el Indepabis acuso a estas compañías de ciertas irregularidades operativas, a través de medidas preventivas de “ocupación y operatividad temporal”, ordeno poner sus activos e inventarios a disposición de una Junta Administradora Temporal, que sería encargada de administrarlas.

Señala el informe dado a conocer ayer a los medios que según destaco el Tribunal Arbitral compuesto por los experimentados árbitros Guido Santiago Tawil (Argentina), Eduardo Grebler (Brasil) y Rodrigo Oreamuno (Costa Rica) administrado por la Corte Permanente de la Haya (Holanda), por sus actos, debidos a los desmanejos de la Junta Administradora, al poco tiempo de su intervención, ambas empresas debieron suspender definitivamente sus operaciones.

Expropiación Ilegal

El Tribunal Arbitral concluyo que la real justificación para la intervención de las compañías por parte del Indepabis no habia sido la existencia de irregularidades, sino la decisión de Venezuela de apropiarse de los activos de las compañías del Señor Garcia Armas. Por lo tanto el tribunal arbitral considero que las medidas habían implicado una expropiación ilegal, al privarse a los demandantes del uso y goce de su propiedad, sin pagar compensación.

“De la misma manera, el tribunal también considero que las medidas habían sido arbitrarias y totalmente desproporcionadas con las supuestas infracciones que los demandantes no pudieron defenderse de forma adecuada y que Venezuela había violado gravemente el debido proceso al no seguir los procedimientos previstos en la ley venezolana para una expropiación se subraya.

366 Millones de Dólares

El informe indico que “el resultado de las violaciones del Tratado Venezuela-España, el Tribunal Arbitral condeno a Venezuela al pago de la indemnización a favor de los inversores descrita anteriormente por 366 millones dólares. Así mismo ordeno a Venezuela cubrir todos los costos legales y administrativos del arbitraje, notando que la defensa de Venezuela había intentado obstruir el avance del procedimiento de manera sistemática y con mala fe”.

La representación del empresario y su esposa estuvo liderada por las firmas de abogados Freshfields Bruckhaus Deringer y Dechamps International Law. Venezuela fue representada por el abogado Alfredo de Jesús concluyo el informe. (CSDD)

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