El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quedó bajo fuerte presión para desmontar la represión y permitir el acceso de organismos internacionales a investigar las 49 muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales, para poder iniciar un diálogo que conduzca a una salida a la crisis del país.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) exhortó a Ortega a permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "para investigar y aclarar las muertes y desapariciones de nicaragüenses" como un gesto positivo" antes de iniciar un diálogo.
Los clérigos también instaron a Ortega a dar "signos creíbles de su voluntad de diálogo" y para ello le demandaron eliminar "los cuerpos paramilitares y fuerzas de choque que intimidan coaccionan y agreden a los ciudadanos".
Ortega respondió poco después a la CEN señalando que "estamos de acuerdo en trabajar cada uno de los puntos allí planteados (por los obispos), tomando en cuenta que en todos se recoge su buena voluntad como mediadores y testigos", aunque no específico cómo ni cuándo procederá a cumplir las demandas.
El llamado de los obispos se produjo luego de que estudiantes, empresarios y sociedad civil se declararon "listos para el diálogo" pese a un ambiente de elevada animosidad contra el gobierno tras el ataque el viernes de supuestas fuerzas de choque afines al oficialismo a dos recintos universitarios, donde estudiantes están atrincherados.
Ese ataque se saldó con dos alumnos muertos, elevando la cifra de fallecidos a 49 desde que comenzaron las protestas el 18 de abril pasado.
EEUU, CIDH Y ONU exhortan a respetar derechos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación en torno a la situación en Nicaragua y pidió a las autoridades se le permita ingresar al país para "recopilar de primera mano información acerca de los incidentes suscitados a raíz de las manifestaciones", según su portavoz, Ravina Shamdasani.
Por su lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó "profunda preocupación" por la actual crisis en Nicaragua y condenó los actos de violencia al demandar que se lleve ante la justicia a los culpables de muertes, abusos y violaciones a los derechos humanos.
Además instó al gobierno de Ortega a crear "las condiciones necesarias para un diálogo creíble, incluida la cesación de toda violencia".
En tanto, la CIDH solicitó nuevamente al Estado su anuencia para realizar una visita al país y observar en el terreno la situación de los derechos humanos. El gobierno ya había rechazado una solicitud anterior.
A las presiones contra el gobernante, de 72 años, se sumó el pedido esta semana de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez, que instaron al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y al Secretario de Estado Mike Pompeo a sancionar al gobierno de Nicaragua por graves abusos contra los derechos humanos.
Ortega enfrentaba este viernes una fuerte alteración del orden con bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, manifestaciones de estudiantes en las calles y un paro de taxistas como respuesta a la agresión a estudiantes en universidades.
Managua y otras ciudades vivieron por segunda noche un ambiente tenso por saqueos e incendios en alcaldías y locales del partido de gobierno, que las autoridades atribuyen a "grupos vandálicos de la derecha", pero estudiantes y pobladores acusan de estos actos a fuerzas de choque afines al gobierno.
Uno de los incendios ocurrió en el municipio La Concepción, departamento de Masaya (sur), donde "la casa municipal del Frente Sandinista fue quemada por estos grupos vandálicos de la derecha", señaló la web oficial 19 de julio.
Piedras, palos y machetes
Varias rutas y caminos de San Pedro de Lóvago (centro), Ciudad Sandino (Managua), Monimbó (Masaya), Ticuantepe, Nagarote (León oeste), La Concha (Masaya), Rama (Caribe sur), Río Blanco (norte), permanecían bloqueadas, según reportes de la prensa local.
La líder del movimiento contra el proyecto de construcción del canal interoceánico, Francisca Ramírez llamó a la población a sumarse a un paro pacífico escalonado en respuesta a la represión contra los universitarios.
Los campesinos que viven en la zona rural del proyecto reclaman al gobierno que derogue la concesión que entregó en 2013 a la empresa china HK Nicaragua Canal Development (HKND) para diseñar, construir y operar, hasta por un siglo, un canal que amenaza con desplazarlos de sus tierras.
Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma del sistema de pensiones, pero se multiplicaron y generalizaron en todo el país revelando la disconformidad de los nicaragüenses con el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, a quienes reclaman libertad y la democratización del país. AFP / RA
from Informe21.com - Actualidad https://ift.tt/2rEiABt
Comentarios: