Víctimas del acoso indicaron que los agentes piden una vacuna de dos dólares por negocio, cuyo monto tienen que pagar diario para evitar la incautación de las medicinas.
Ellos, se sorprendieron cuando recibieron la visita reciente e inesperada de los detectives. Cuentan que pagan a los colectivos y ahora, deben cancelar a sujetos que se identifican como funcionarios del Cicpc.
Informales, lanzaron un SOS al director de la policía judicial, Douglas Rico, piden que ordene investigar esta nueva práctica; también exhortaron a representantes del Ministerio Público.
Saben que no son personas autorizadas para expender fármacos y que los únicos facultados para hacerlo son regentes farmacéuticos.
“No es justo que personas con una chapa de policía, se presente en un negocio a pedir que le paguen una vacuna, cuando el derecho al trabajo es algo constitucional y el Estado, está en la obligación de generar puestos de empleos a la gente”, acotó uno de los afectados.
Trascendió que son muchos los casos de extorsiones y hostigamientos que existen en la zona comercial del centro de San Félix, cada dueño de negocio debe pagar una vacuna a delincuentes que según ellos, son los que brindan protección a vendedores informales y formales.
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