Las abogadas querellantes Yamileth Carvajal y Yenny Betancourt denunciaron las amenazas que presuntamente recibe Crist Ángela de Agrela, madre de una niña de dos años, cuyo examen médico forense da muestras de abuso sexual.
La madre de la víctima estaría siendo coaccionada para retirar la denuncia que existe en contra del padre biológico de su hija, Jesús Acosta Salazar, quien fue imputado y es investigado por esta causa que lleva el Tribunal Primero de Control con Competencia en Violencia de Género.
Los hechos
Sobre los hechos, la madre de la niña relató que en fecha 10 de junio, mientras su hija jugaba, notó que al rascarse la zona íntima manifestó dolor.
“Cuando la estoy revisando, noté que estaba irritada. Entonces le pedí a mi mamá que me pasara la crema que usaba para la pañalitis. Cuando se la voy a aplicar, ella no quería. Le pregunto por qué, y me dice que le duele. Yo le digo que hay que aplicársela para que mejore porque está irritada, pero ella me dice que no, que le duele, que papá la tocó y la puyó allí indicando sus partes íntimas”, contó.
“Entonces yo le pregunto: ¿papá te tocó? Y ella me dice: sí. Le pregunté nuevamente en dónde te tocó papá, y ella se señaló su vagina. Le dije: vamos a lavarte. Cuando la estoy lavando, me dice que papá la tocó, le volví a preguntar dónde, y señaló nuevamente su vagina. Le pregunté en qué parte de la casa la tocó papá, y ella me dijo que en el cuarto, siendo este el único lugar donde ellos podían estar solos”, agregó.
Inmediatamente llamó a la abuela de la niña para contarle lo que sucedía y se trasladaron hasta el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para hacer la denuncia y el examen médico forense.
“Nos indicaron que mi hija fue abusada sexualmente. En ese momento empezó esta pesadilla para mi hijita de dos años, para mí y mi hijo de cinco años”.
La audiencia de presentación se fijó para el día lunes 13 de junio, pero se difirió porque el denunciado cambió de defensa pública a privada.
El 14 de junio se celebró la audiencia ante el Tribunal Primero de Control de Violencia contra la Mujer. La madre no pudo quedarse en la audiencia, se retiró porque su hija que estaba presente comenzó a llorar.
“Ese mismo día salí del tribunal a mi casa con mis dos hijos y mi madre. Recibí una visita inesperada a las 7:00 pm, después de la audiencia de presentación, del propio jefe del papá de la niña (y empresario de la zona). Vino a mi casa el mismo día de la presentación a amenazarme y decirme que yo sabía quién era él, que tiene todo el dinero y el poder y que podía cambiar todas las actuaciones comprando al mejor forense del país y todos los entes”.
Estas presuntas amenazas tendrían como objetivo obligarla a retirar la denuncia por la cual se investiga al padre biológico de la menor. La madre de la víctima teme que arremetan no solo en su contra, sino con la vida de sus hijos y la abuela de ellos.
“Carros me persiguen, personas me llaman a mi casa y teléfono personal, y un hombre me abordó diciéndome que dejara eso así. Las amenazas que he recibido abarcan peligro tanto para mí como para mis hijos, diciendo que nos van a desaparecer a todos si seguimos adelante con el proceso”.
No callar
Carvajal, como abogado querellante, manifestó: “Estamos en presencia de un caso tan delicado, donde hay una menor de dos años, lo cual se debe atender inmediatamente antes los organismos actuantes y proceder para que la víctima directa y sus familiares reciban el apoyo legal y psicológico y se actúe en contra del victimario”.
Carvajal también instó a otras madres a estar atentas a las señales que den sus hijos en cuanto a cambios emocionales.
“Primeramente preguntarles, escucharlos, creer e ir inmediatamente a denunciar: No callar, buscar ayuda para estas víctimas y denunciar antes los organismos que les corresponden estos casos. No hay que tener miedo, al contrario, acudir a la Fiscalía del Ministerio Público para que se abra la investigación y así seguir con cada procedimiento y sea llevado el culpable ante la justicia”, reiteró.
El imputado está actualmente recluido en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en San Félix.
CDC
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