"Tenía en mi vientre un bebé que corría el riesgo de morir, pero no tenía derecho a abortar". En Andorra, un pequeño principado entre Francia y España en el corazón de los Pirineos, las mujeres no tienen derecho a abortar, incluso en caso de violación o riesgo para su salud.
"Había anunciado mi embarazo a todo el mundo", cuenta a la AFP Sonia, cuyo nombre fue modificado. En el quinto mes de embarazo los doctores le dijeron que su feto no era viable, ya que tenía una enfermedad incurable. Fue entonces cuando tomó la "difícil decisión" de abortar.
Andorra es uno de los últimos Estados europeos --con Malta, San Marino y el Vaticano-- a no autorizar el aborto, incluso en caso de violación, incesto, anomalía fetal o peligro de muerte para la madre. Este delito es castigado con seis meses de cárcel.
Como alrededor 120 mujeres andorranas por año, Sonia tuvo que ir a abortar a Cataluña.
"Tenía en mi vientre un bebé que corría el riesgo de morir, pero no tenía derecho a abortar", cuenta indigna esta mujer en la treintena. "Hubiera tenido que esperar que muera, conservarlo en mi vientre hasta que nos diéramos cuenta y luego dar a luz a un bebé muerto..."
"Es una tortura (...) y viola los derechos humanos", denuncia Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la asociación Stop Violències.
"Deberíamos poder abortar en nuestros hospitales y no tener que ir a Barcelona en medio de la vergüenza y la culpabilidad", apunta, denunciando un sistema "hipócrita" que tolera el aborto en el extranjero y crea disparidades según las categorías sociales.
Abortar en España cuesta entre 600 y 1.000 euros. María, que decidió abortar a los 18 años, tuvo "la suerte" de poder reunir esta suma gracias a la ayuda de su familia.
Cerca de 10 años después, María cuenta la "consternación" que sintió cuando su ginecólogo andorrano le obligó a escuchar los latidos del corazón del embrión para convencerla de que no aborte, antes de "mandarla a Barcelona, sin más explicaciones".
Tras su operación en España no recibió ningún seguimiento, pese a que tenía "un fuerte dolor" en el vientre.
Llamado a Macron
En Andorra, los médicos que practican abortos pueden ser condenados a entre tres años de cárcel y la prohibición a seguir ejerciendo. Dar información a sus paciencias o darles una dirección en el extranjero es considerado como un delito, explica a la AFP el doctor Eric Sylvestre Dolsa.
"En caso de peligro para la madre, se plantea un problema ético muy grande para los médicos, sobre todo si se aplica la ley de manera estricta", admite este médico general, uno de los pocos que se ha posicionado claramente a favor del aborto.
El debate entre los médicos en Andorra no está "totalmente abierto" debido a los "temores" de que la despenalización del aborte provoque una crisis política.
En este principado parlamentario, dos copríncipes comparten un poder esencialmente representativo. Uno de ellos, el obispo de Urgell Joan-Enric Vives, se opone ferozmente a la legalización del aborto.
"El copríncipe episcopal dijo que abdicaría si esto sucediera", afirma Elisa Muxella, presidenta del Instituto de Derechos Humanos de Andorra.
"El gobierno se refugia detrás de esta excusa y dice que si aprobamos el aborto se pondría en peligro las instituciones", explica indignada Muxella.
"Lo que me gustaría es que el segundo copríncipe (el presidente francés, Emmanuel Macron) se posicione en el tema y nos respalde", dice Sonia. "¡Señor Macron, haga algo por las mujeres andorranas, no quiero que mis hijas vivan lo mismo que yo!", suplica.
A un año de las elecciones legislativas, las activistas feministas de Stop Violències han logrado poner el tema de la legalización del aborto en el debate público.
En ocasión de la jornada mundial del derecho al aborto (28 de septiembre) organizarán el sábado una primera manifestación a favor de la despenalización en Andorra. AFP / RA
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