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Guayana es una de las regiones con mayor restricciones al tratamiento del VIH


Venezuela ha retrocedido al menos una década en disposición de medicamentos antirretrovirales, y la región Guayana sigue siendo una de las entidades con acceso más restringido a tratamiento y diagnóstico para pacientes con VIH.

En los últimos tres años, solo la cooperación internacional ha permitido que más de 40 mil personas con VIH en el país puedan continuar con su tratamiento antirretroviral ante la falta de inversión del Estado para garantizarlo.

Pero la ayuda internacional está por cumplir su plazo. La sociedad civil clama al Estado para que retome el Programa Nacional de VIH con recursos propios, y piden a los organismos multilaterales mantener su apoyo.

La falta de fondos no solo afecta la disponibilidad de tratamiento para el VIH, sino también para enfermedades oportunistas y fórmulas lácteas para los bebés con madres que viven con VIH

Así lo expusieron las organizaciones no gubernamentales en el Foro VIH en Venezuela: entre la emergencia humanitaria y la pandemia, moderado por representantes de Acción Ciudadana contra el Sida (Accsi), Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), Musas de Venezuela y Ambar.

Las organizaciones señalan que el bienestar de estas personas depende únicamente del soporte internacional desde 2016, año en que el Estado dejó de comprar tratamiento para los pacientes.

Alberto Nieves, director de Accsi, informó que el gasto público para VIH se redujo 94%. Es decir, la inversión del Estado pasó de ser de 109 millones de dólares en 2010 a 6,4 millones de dólares en 2019. Un retroceso de 10 años.

Es por eso que, en 2019 la sociedad civil logró que el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria comenzara a traer al país el antirretroviral TLD (Tenofovir + Lamivudine + Dolutegravir), único esquema de tratamiento disponible. Ese aporte elevó a 57% la cobertura de antirretrovirales para 2020.

La inversión del fondo ha logrado salvar la vida de más de 40 mil personas en el país solo entre enero de 2020 y junio de 2021. Sin embargo, aún queda un gran porcentaje de personas con VIH que quedan por fuera, especialmente en las regiones del interior y sur del país.

Minsalud se niega al diálogo

Eduardo Franco, secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), explicó que, aunque la sociedad civil ha intentado entablar comunicación con el Ministerio de Salud para mejorar las condiciones de pacientes con VIH, esto no ha sido posible.

Venezuela sufrió un retroceso de diez años en acceso al tratamiento contra VIH

Resaltó que hasta ahora no ha habido inversión significativa por parte del Estado. Explicó que para que personas con VIH de todas las regiones tengan acceso pleno a tratamiento y pruebas de diagnóstico se requiere una inversión de 33 millones de dólares mensuales, de los cuales se reciben apenas seis, y del Fondo Mundial.

El programa está por terminar, y mientras tanto, la sociedad civil mantiene conversaciones con el Fondo Mundial y demás organismos multilaterales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para lograr que el soporte se extienda por al menos dos años más.

“Estamos esperando que para los próximos días el Fondo Mundial anuncie si otorga o no una subvención para garantizar tratamiento antirretroviral para los próximos dos años”, dijo Nieves.

Los especialistas resaltaron la urgencia de reestructurar el Programa Nacional de Sida, de manera que este logre responder de forma integral a los pacientes con VIH en un contexto de emergencia humanitaria compleja con una pandemia por COVID-19 a cuestas y bajo los estándares de la no discriminación.

Sin suficientes fórmulas lácteas

La falta de fondos no solo afecta la disponibilidad de tratamiento para el VIH, sino también para enfermedades oportunistas y fórmulas lácteas para los bebés con madres que viven con VIH.

Franco reportó que más de 850 niños y niñas de madres con VIH no tienen fórmulas lácteas. Esto es especialmente grave tomando en cuenta que en el país no hay suficientes bancos de leche materna operativos. “No tenemos capacidad, faltan recursos”, lamentó.

Tener fórmulas lácteas y tratamiento antirretroviral en las consultas pediátricas de VIH ha sido resultado de la labor de infectólogos pediatras, sociedad civil y organismos de cooperación como el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (Unicef). Aun así, apenas 28% de niños y niñas recibe tratamiento antirretroviral según Onusida.

Aumenta la discriminación

La emergencia humanitaria compleja con una pandemia por COVID-19 a cuestas ha profundizado las brechas de desigualdad para acceder a servicios de salud y la discriminación. En su último informe, Accsi contabilizó 2.757 casos de discriminación contra personas con VIH en hospitales del país.

Las mujeres embarazadas suelen enfrentarse a este tipo de discriminación con frecuencia. Muchas veces son obligadas a parir por falta de insumos para cesáreas programadas, por negligencia médica, o por acceso tardío a control prenatal, lo que infringe gravemente el protocolo sanitario establecido para reducir el riesgo de transmisión del virus al bebé.

"Aunque la sociedad civil ha intentado entablar comunicación con el Ministerio de Salud para mejorar las condiciones de pacientes con VIH, esto no ha sido posible”

Eduardo Franco, secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva

Grisbel Escobar, miembro de Musas Venezuela informó durante su intervención en el foro que, entre 2019 y 2020, la tasa de transmisión de VIH de madre a bebé (transmisión vertical) aumentó de 32 a 39,7%, según cifras de Onusida.

Aparte de ello, resaltó que apenas 30% de mujeres con VIH reciben el tratamiento en el país.

El reporte de Escobar coincide con lo reportado por Correo del Caroní en el sur del país. Infectólogos de los principales hospitales de Ciudad Guayana, por ejemplo, reportaron fallas graves en el protocolo de atención para mujeres embarazadas con VIH.

Todo ello se traduce en aumento de transmisión del virus, y riesgo de muerte para el porcentaje de personas con VIH que siguen integrando ese 59% de población con VIH que no tiene acceso a antirretrovirales.

CDC

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